El abogado constitucionalista, José Vicente Haro, explicó, cómo es el proceso para que la Asamblea Nacional logre sus objetivos, esto en referencia a la aprobación por unanimidad la medida de remoción de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por su responsabilidad en ruptura del orden constitucional, el cual calificó como complejo.
En primera instancia indicó que el acuerdo parlamentario plantea el inicio de dos procesos independientes, el jurídico-constitucional y el jurídico-penal: el primero con el fin de remover a los magistrados y el segundo para esclarecer si incurrieron en algún delito, lo cual los llevaría a la cárcel, al tiempo alertó que podría darse solo uno, ambos o ninguno “en el peor de los casos”.
De acuerdo a lo reseñado por El Nacional, el proceso jurídico-constitucional implica invocar el artículo 265 de la Constitución, que otorga las competencias al Parlamento de remover a los magistrados previa calificación de una causa grave por parte del Consejo Moral Republicano: integrado por la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República.
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En cuanto al procedimiento, el Parlamento formalizó el inicio del proceso, uno de los órganos del Poder Ciudadano debe convocar una sesión del Consejo Moral para abordar la denuncia. A juicio de Haro debería ser Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República, por haber advertido sobre la ruptura del hilo constitucional.
Se requiere que dos de los tres órganos del Poder Ciudadano voten a favor de iniciar el procedimiento, así como citar y garantizar el derecho a la defensa de los magistrados para determinar si hubo o no una falta grave que amerite destituirlos.
Destacó, que al menos tres faltas graves cometidas por los magistrados. Entre ellas violación a los principios fundamentales de la Constitución y haber dictado un fallo contra la nación en las sentencias 155 y 156 emanadas de la Sala Constitucional.
Si se llegara a determinar al menos una falta grave, se enviaría el expediente a la Asamblea para que vote a favor o en contra de la destitución. Haro destacó que se necesitan dos de las terceras partes de los integrantes totales del Parlamento para proceder con la remoción, es decir, los 112 legisladores opositores. No obstante, en la primera sesión ordinaria del Parlamento en 2017 se desincorporó a los tres diputados por el estado Amazonas (Nirma Guarulla, Romel Guzamana y Julio Igarza): “El escollo es que se necesitan esos diputados”, acotó el abogado.
En cuanto al proceso penal, la deliberación del Consejo Moral Republicano podría demorar hasta un mes, por lo que la remoción podría pasar a plenaria en mayo. A partir de allí los lapsos dependerán de cuánto se tarde la Asamblea en tomar las acciones correspondientes. Sin embargo, el proceso jurídico-penal se tardaría más tiempo, entre seis meses a un año.
