El parlamento panameño aprobó este miércoles en tercer y último debate, y tras adaptarse a un veto presidencial, una ley para pagar más de 150 millones de dólares a unos 180.000 trabajadores que por más de una década no recibieron parte de un bono concedido por ley.
El pleno de la Asamblea Nacional (AN-parlamento) avaló por unanimidad el proyecto de ley, que implica el desembolso del dinero retenido entre 1972 y 1983.
El presidente, Juan Carlos Varela, propuso en un veto parcial, en enero anterior, fijar el porcentaje de interés que debe pagarse junto con la devolución y también establecer un mecanismo excepcional de pago para honrar el compromiso pendiente.
La Comisión de Trabajo de la Asamblea Nacional (AN-Parlamento) decidió entonces que los recursos que se decomisen producto de la lucha anticorrupción servirán para financiar este pago millonario.
Sin embargo, el porcentaje de interés no se ha hecho público.
El ministro panameño de Economía, Dulcidio De La Guardia, había advertido antes del veto de que la devolución afectaría la estabilidad de la Caja de Seguro Social (CSS), que ya enfrenta una situación insostenible.
El pago adeudado a los jubilados es una parte del décimo tercer mes que reciben los trabajadores en Panamá cada año desde 1972.
El décimo tercer mes se divide en tres partidas anuales (abril, agosto y diciembre) de las cuales la segunda fue destinada por ley del régimen militar (1968-1989) al Banco Hipotecario Nacional, para un programa de vivienda social, y después a la Caja de Seguro Social (CSS) para reforzar los fondos del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la institución.
Tras su aprobación en tercer debate, la ley debe ser sancionada por el presidente para su entrada en vigencia.
