El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, sancionó este jueves una ley de transparencia fiscal internacional y de prevención del blanqueo de capitales, que incluye «elementos» para evitar que el país sea incluido en listas discriminatorias, informó el Gobierno.
La ley buscar «ajustar las normas legales a los estándares internacionales que mejoren la calificación del país en materia de transparencia fiscal internacional ante el Foro Global de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)», explicaron desde Presidencia.
Y se agregan «elementos» del Plan de Acción del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para «evitar que Panamá sea incluida en listas discriminatorias».
Esta ley, que también incluye materia en financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, contiene ocho artículos y modifica cinco leyes con el fin de «crear condiciones para «realizar transacciones internacionales transparentes en el mundo y poder atraer inversión extranjera».
La norma, firmada por Cortizo y el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander -proponente de esta iniciativa ante la Asamblea Nacional (Parlamento)-, también deroga una ley “que regula las medidas para conocer al cliente para los agentes residentes de entidades jurídicas existentes de acuerdo con las leyes de la República de Panamá”.
El país centroamericano permanece en las listas del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y de la Unión Europea (UE) por deficiencias en la lucha contra el lavado de activos.
A pesar de que Panamá lleva años trabajando en la mejora de su andamiaje en materia de transparencia fiscal no ha impedido que siga incluida en estas listas discriminatorias como la de la Unión Europea (UE) de países no cooperantes en materia fiscal.
Este año, el Gobierno presentó ante el Parlamento tres proyectos de ley que buscaban reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales y ha reiterado su «compromiso» ante la UE para mejorar en transparencia.
Con la última investigación periodística de los Papeles de Pandora, el Gobierno panameño intentó frenar las posibles consecuencias negativas sobre la reputación del país, ya dañada por los papeles de Panamá, investigación pionera del ICIJ, que filtraba, en abril de 2016, 11,5 millones de documentos del despacho panameño Mossack Fonseca, mediante el cual personalidades de todo el mundo contrataron los servicios de ese bufete, ya extinto, para crear sociedades extraterritoriales presuntamente para evadir impuestos.
