El Servicio Nacional de Migración (SNM) analiza la posible deportación del país de un grupo de migrantes, tras los actos vandálicos que realizaron en los albergues temporales, ubicados en los sectores de La Peñita y Lajas Blancas, en la provincia de Darién.
La directora del SNM, Samira Gozaine, señaló que Panamá no permitirá la violación de las leyes panameñas, la afectación de la propiedad privada, ni a terceros, por lo que todas las personas que propicien disturbios y daños, serán procesadas de acuerdo a lo que establece la Ley.
Según la norma migratoria panameña, estos casos podrían definirse por expulsión, dado que la Ley indica que todo extranjero que cometa un delito en el suelo nacional debe abandonar el país de manera definitiva (expulsado) sin que pueda ingresar nuevamente.
Todos los casos se están remitiendo a las autoridades nacionales correspondientes, para definir sus consecuencias legales y proceder con las acciones migratorias que correspondan.
Tanto la directora del SNM, como el Ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, han señalado en reiteradas ocasiones que Panamá «es respetuosa de los Derechos Humanos de todos los migrantes y que los que han quedados atrapados en el país por motivo de la pandemia del coronavirus, están siendo atendidos con toda la dignidad que amerita cada caso», pero reiteran a la vez, no se van a permitir actos vandálicos, por lo que se procederá a tratar este asunto conforme la legislación vigente.
Los migrantes que protagonizaron los actos de protesta y daños en La Peñita y Lajas Bancas, quemaron una de las toldas de atención de salud, ocasionaron graves daños en algunas estructuras, así como a vehículos particulares y otros, daños cuyo monto se calcula en más de 10 mil dólares.
Si se toma la medida de deportar a estos migrantes, su salida del país se dará respetando los convenios internacionales firmados con distintos países, y según lo determina el Decreto Ley 3 de 22 de febrero de 2008.
