Panamá contará con una legislación estándar internacional sobre transparencia en temas fiscales, para evitar de esta forma, ser considerado un país no cumplidor, lo que representaría consecuencias nefastas para la economía del país centroamericano.
Para ello, la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley 383, que obliga a las personas jurídicas constituidas en el sistema legal panameño a llevar registros contables y mantener su documentación de respaldo. La obligación incluye también a las fundaciones de interés privado.
De acuerdo con esta legislación modelo internacional, Panamá pasará a ser un país cumplidor en la cooperación fiscal, lo que la alejará de medidas discriminatorias fiscales, de retenciones sobre pagos a personas o compañías residentes en el país, el condicionamiento de préstamos y financiamientos de organismos financieros, explicó el Canciller Encargado Luis Miguel Hincapié ante el pleno legislativo.
Con relación a los registros contables, son los datos que indiquen clara y precisamente las operaciones comerciales de las personas jurídicas, sus activos, pasivos y patrimonio que permitan determinar su situación financiera y la preparación de sus estados financieros.
Sobre la documentación de respaldo, el proyecto hace referencia a los contratos, facturas, recibos o cualquier otra documentación necesarias para sustentar las transacciones realizadas por una persona jurídica.
Los registros contables deberán ser llevados por un periodo de cinco años, los cuales podrán ser exigidos por la Direccion de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas a través de los agentes residentes.
Se dispone un procedimiento para la suspensión de los derechos corporativos, su reactivación y la disolución de las personas jurídicas.
La iniciativa de ley, según el Gobierno, pacta el compromiso adquirido en el 2002 mediante su participación en el Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información Fiscal y que fue reactivado en el 2010 al aprobar la adopción de los términos de referencia en los que se establecen los estándares internacionales en temas de transparencia e intercambio de información.
Con información del Ministerio de Relaciones Exteriores.
