Brasil, otros nueve países de América Latina y Portugal investigarán en conjunto la trama de Odebrecht, empresa brasileña implicada en un escándalo de corrupción de escala internacional, frente al que acordaron la más amplia cooperación.
El acuerdo fue producto de una reunión realizada este jueves, organizada por la Procuraduría General de Brasil y a la que asistieron fiscales de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Portugal, Perú, República Dominicana y Venezuela, países en los que se investigan las prácticas corruptas en que incurrió la constructora.
La reunión se realizó bajo el más absoluto hermetismo, en parte debido a que algunos de los asuntos tratados correspondieron a los procesos judiciales que están en marcha, que en muchos casos, como en el propio Brasil, tienen aspectos bajo estricto secreto sumarial, según explicaron a Efe fuentes de la Procuraduría General.
Si bien ninguno de los asistentes compareció ante la prensa, fue divulgado un comunicado conjunto en el que los fiscales acordaron establecer «la más amplia, rápida y eficaz cooperación» en torno al llamado «caso Odebrecht».
También se informó que se decidió crear «equipos conjuntos de investigación, bilaterales o multilaterales», para coordinar las investigaciones en Brasil y los otros países en que la empresa incurrió en sobornos y otros actos ilegales.
Esos grupos, según el comunicado conjunto, «actuarán con plena autonomía técnica y en desarrollo de su independencia funcional», que es un «principio rector» de los Ministerios Públicos, agrega la nota.
También se subraya «la importancia de la recuperación de los activos y la reparación integral de los daños causados por esos ilícitos, incluyendo el pago de multas, según la legislación de cada país».
En otro de los puntos, se insta «a los ciudadanos a apoyar a sus instituciones de persecución penal en las actuaciones que son conducidas contra la corrupción» en cada uno de esos países.
En el último de los ocho párrafos del comunicado, se reafirma «el estricto respeto al principio de la legalidad, al debido proceso penal y a los derechos humanos, especialmente en la lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada trasnacional».
A la reunión también habían sido invitados, pero no asistieron, representantes de El Salvador, Guatemala, Antigua y Barbuda y Mozambique.
En todos esos países, además del propio Brasil, que fue donde comenzaron a descubrirse esas prácticas ilegales, se investiga la actuación del grupo Odebrecht, sobre todo en la financiación ilegal de campañas electorales, el pago de sobornos para obtener contratos de obras públicas y operaciones financieras irregulares.
La dimensión internacional del escándalo se conoció a fines del 2016, cuando el Departamento de Justicia de EE.UU. reveló que la constructora había admitido que pagó unos 788 millones de dólares en sobornos en doce países de Latinoamérica y África, incluido Brasil.
Las investigaciones iniciadas a raíz de esas informaciones han generado una orden de captura contra el expresidente peruano Alejandro Toledo, declarado prófugo, y salpicado a los actuales mandatarios de Panamá, Juan Carlos Varela, y Colombia, Juan Manuel Santos.
También han generado un enorme revuelo en cada uno de los países citados, que en su mayoría han pedido información a Brasil, ya que 77 exdirectivos de Odebrecht implicados en el asunto han acordado colaborar con la Justicia y pudieran haber revelado detalles sobre las operaciones de la empresa en el exterior.
Esos testimonios, sin embargo, se encuentran bajo un absoluto secreto de sumario, por lo que su contenido se desconoce, aunque la prensa brasileña asegura que salpican a decenas de políticos y que pueden dar indicios sobre las operaciones externas de Odebrecht.
Esos asuntos, con los límites que impone el secreto sumarial, fueron tratados por el fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, en algunas reuniones bilaterales con los procuradores que asistieron a la cita y que continuarán mañana, aunque también bajo un total hermetismo.
