Gustavo Ocando Alex (INFOBAE)
Las facciones que apoyan al presidente interino Juan Guaidó y las del Partido Socialista Unido de Venezuela exploran un acuerdo en el Parlamento venezolano para garantizar la elección de un nuevo y equilibrado Consejo Nacional Electoral, informaron a la Voz de América fuentes familiarizadas con las negociaciones.
La designación de un nuevo poder electoral en Venezuela por parte de la Asamblea Nacional opositora progresó de manera sorpresiva y expedita desde la semana pasada.
Diputados del madurismo se incorporaron a la comisión preliminar que, liderada por la oposición leal a Guaidó, habría de designar al comité de postulaciones al CNE.
Finalmente, este miércoles, ese grupo de parlamentarios escogió a los 10 miembros de la sociedad civil que les ayudarán a seleccionar a los aspirantes al tribunal electoral.
Stalin González, diputado opositor, mencionó que los legisladores hicieron “todo lo posible” para lograr un acuerdo y “destrancar” la elección del CNE. El comité de diputados y la sociedad civil se instalará la próxima semana a puertas abiertas.
La participación de legisladores del PSUV en esas tareas refleja un principio de acuerdo de alto nivel político para renovar el directorio del CNE con una correlación de fuerzas que satisfaga a ambas partes, explicó a VOA una fuente parlamentaria.
“Se está haciendo el intento de nombrar un CNE con la fórmula 2-2-1”, informó un vocero de la bancada opositora, involucrado en las negociaciones políticas en Venezuela, quien declaró bajo condiciones de anonimato.
La directiva del poder electoral está compuesta por cinco rectores principales. La fórmula “2-2-1” significaría que la integrarían dos figuras respaldadas por la oposición, dos por el madurismo y una independiente, secundada por todos los sectores.
El miembro autónomo, sin nexos partidistas, ayudaría a destrabar decisiones en el CNE y reforzaría su imparcialidad y credibilidad de cara a las elecciones parlamentarias de finales de año y a unas eventuales presidenciales, que exige la oposición como la mejor vía para zanjar la crisis política del país.
“La fórmula 2-2-1 tendría condiciones vinculantes. El CNE debe ser nombrado por la Asamblea legítima, debe haber parlamentarias y presidenciales, y una revisión de todo el sistema electoral”, indicó una de las fuentes entrevistadas.
Que el madurismo y sus opositores hayan coincidido recientemente en la necesidad de un CNE equilibrado no escribe los acuerdos futuros en piedra, advierten.
“No hay facilidades ni certezas con el oficialismo. Imagina que logremos eso y estemos luego a expensas del Tribunal Supremo de Justicia -cercano a Maduro- o de la Asamblea Nacional Constituyente”, desconocida por las democracias occidentales, acota una de las fuentes políticas consultadas.
«Tiene que haber acuerdos»
Ángel Medina Devis, diputado del opositor Primero Justicia e integrante de la comisión preliminar para la designación del comité de postulaciones del CNE, celebra que sus colegas oficialistas apuesten por el pragmatismo parlamentario.
Estima que la principal razón para que hayan decidido participar en las tareas de elegir el poder electoral es “matemática”. La Asamblea Nacional necesita los votos de sus dos terceras partes, es decir, 112 diputados, para escoger el CNE.
La fracción de Guaidó lo reeligió en enero como presidente del Parlamento con 100 votos y el madurismo cuenta con 47 diputados principales. Sumados, son suficientes para consolidar la votación. Otro paso necesario sería que el Tribunal Supremo de Justicia levante la inhabilitación al Parlamento, vigente desde inicios de 2016.
Medina Devis dijo desconocer que exista la intención de diligenciar una fórmula 2-2-1 en el poder electoral, pero confirmó que hay la intención convenida de que sea el Parlamento, y no el Tribunal Supremo de Justicia, el que escoja sus integrantes.
“La fórmula dependerá de quién se postule y cómo se avance. Más allá de que sea 3-2, 2-2-1 o 4-1, hay que ver el CNE en su conjunto. Designar al CNE no lo es todo. Tiene que haber acuerdos y la posibilidad de construirlos. Esto es la primera parte de una gran serie de acuerdos que hay que lograr”, remarcó el legislador.
Opinó que sus colegas del PSUV han demostrado en las sesiones de trabajo de la comisión preliminar que pueden “avanzar” en los pasos legales para renovar el CNE.
«Buen indicador»
Vicente Díaz, exrector principal del poder electoral venezolano, piensa que el incipiente CNE deberá convocar “una amplia observación internacional en forma de misiones” y revisar a profundidad el registro electoral, entre otras obligaciones.
Sobre la composición del CNE a convenir, juzga que lo ideal sería que fuesen cinco personas independientes, sin ningún vínculo político. Acota, sin embargo, que la “extrema polarización” del país obliga a hallar una fórmula que permita avanzar.
“La fórmula 2-2-1 puede permitir que el CNE que surja de allí sea reconocido por todas las partes y que permita que todas las tareas se cumplan”, admite. “Puede ser el inicio de un proceso que pueda recomponer la vida política e inconstitucional. Es un ‘prerrequisito’ para salir de la crisis política”, añade.
Eugenio Martínez, periodista versado en asuntos electorales, interpreta la reincorporación de los ‘pesuvistas’ a la comisión preliminar como “una buena noticia” cuyos efectos, más allá de “una declaración de intenciones”, aún están por verse.
Recuerda que el poder electoral venezolano ha tenido siete directivas en 21 años y solo una de ellas ha sido electa “apegada a la ley”.
“El tope de 112 votos hace complejo que se pueda resolver el conflicto por vía parlamentaria, sobre todo por lo ocurrido este año”, evalúa Martínez.
Menciona que el Parlamento venezolano apenas logró escoger la directiva del Consejo Nacional Electoral en dos de seis intentos desde 1999. Lo hizo, subraya Martínez, solo cuando el chavismo tenía control casi absoluto del poder legislativo.
Un punto intermedio, opina, sería emular la experiencia de 2003, cuando el Tribunal Supremo de Justicia designó a los rectores electorales tomando en cuenta el trabajo y las evaluaciones de candidatos del comité de postulaciones del legislativo.
Martínez alertó en 2019 que la “fórmula 2-2-1” viola las leyes electorales, que exigen imparcialidad a todos los miembros del CNE. Advierte que el quinto miembro de la directiva de 2003, Francisco Carrasquero, pensado como el independiente, terminó inclinando la balanza a favor del chavismo en las decisiones de entonces.
Explica, además, que son ocho y no solo cinco los rectores con responsabilidades técnicas y políticas dentro del poder electoral. Tres de ellos, aun suplentes, integran la Junta Nacional Electoral, la Comisión de Registro Civil y Electoral y la Comisión de Participación Política y Financiamiento.
“La fórmula 2-2-1 es insuficiente para garantizar un arbitraje institucional. Desplaza el control que la sociedad civil debe tener del CNE. Es contraria a la ley”, escribió hace un año el analista de procesos electorales en Venezuela.
El Parlamento, por los momentos, puso manos a la obra con la mentada fórmula sobre la mesa de negociaciones y acuerdos.
