La Mesa de la Unidad Democrática, que aglutina a los partidos de oposición, exigió al gobierno de Nicolás Maduro una explicación del evento del domingo en el fuerte Paramacay de la ciudad de Valencia, estado Carabobo, que la oposición describe como alzamiento militar y el gobierno como “ataque terrorista”.
Hasta ahora Maduro ha recurrido al argumento de que el ataque de un grupo de civiles y militares renegados fue financiado por Estados Unidos y Colombia, aunque como es usual, no presentó ninguna evidencia al respecto.
“Busquemos la factura ¿Quién paga este acto? La persona que se autonombra como cabeza de este ataque es un desertor desde 2014”, dijo Maduro en una alocución transmitida por la televisión nacional varias horas después del ataque.
“Ha vivido en Costa Rica, Panamá, Estados Unidos y Colombia. Él emplaza a la oposición para que se mantenga al margen de la ley no participe en las elecciones de gobernadores”, aseguró el mandatario.
Maduro probablemente se refería al capitán de la Guardia Nacional, Juan Caguaripano, en retiro desde 2014, quien en la madrugada del domingo apareció en un video difundido en las redes sociales, secundado por una veintena de militares en uniforme de campaña y con armas largas, asegurando que se están rebelando contra la “tiranía ilegítima de Nicolás Maduro”.
El ataque al fuerte militar comenzó a las 3:50 de la mañana y se extendió hasta por lo menos las 8 de la mañana.
Paramacay es la sede la 41 brigada blindada del ejército y la que tiene el mayor poder de fuego militar. El control de ese cuartel es vital para el gobierno.
Al menos dos de entre unos 20 atacantes murieron y uno más resultó herido durante los combates con las unidades militares. El gobierno aseguró que otros siete fueron detenidos y el restó logró escapar con 93 fusiles rusos AK 103 y cuatro granadas M6L.
Horas después del ataque, el capitán Caguaripano aseguró que “los objetivos [del ataque] fueron logrados satisfactoriamente en coalición con diferentes compañeros de las fuerzas armadas”. En otro tuit afirmó que habían sustraído “todas las armas del fuerte Paramacay”.
Rumores de levantamiento
Los venezolanos ven a las fuerzas armadas como el principal núcleo de poder en su país, y la oposición ha exhortado repetidamente a los militares a romper con Maduro.
Pero los altos mandos han declarado su lealtad al presidente.
Autoridades militares acusaron el domingo a la oposición de estar vinculada a la rebelión de Valencia, abriendo la posibilidad de más detenciones.
El gobierno afirmó que los detenidos «han confesado haber sido contratados en los estados Zulia, Lara y Yaracuy, por activistas de la extrema derecha venezolana en conexión con gobiernos extranjeros», según un comunicado leído en la televisora estatal.
La MUD dijo en un comunicado propio que “a falta de una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido en el Fuerte Paramacay, insistimos en que el empeño de Nicolás Maduro y el pequeño grupo que lo acompaña de ejercer dictatorialmente el poder, refleja la división y el quiebre institucional que también ocurre dentro de la Fuerza Armada”.
El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Feddy Guevara, ahondó en esa idea.
“Hoy vimos como la crisis de la calle se fue a los cuarteles ¡Que se respete la Constitución para evitar más muertes y conflicto armado entre venezolanos!, escribió Guevara en su cuenta de Twitter.
Desde abril, más de 120 personas han muerto y decenas han sido aprehendidas en medio de una ola de protestas contra Maduro, a quien la oposición señala como el responsable de la grave crisis económica que sufre el país.
El ataque al cuartel se produjo horas después de que una criticada asamblea constituyente sesionara por primera vez, asumiendo poderes especiales sobre el resto de las instituciones del Estado.
“Estamos ante un poder de facto, porque no es un gobierno, aquí no hay gobierno”, dijo el sábado tras ser destituida la fiscal Luisa Ortega Díaz. Y esa quizás sea la explicación más creíble a los últimos acontecimientos en Venezuela.
