La oposición de Venezuela aplaudió este jueves la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, de solicitar a la Sala de Cuestiones Preliminares del organismo la reanudación de la investigación al país caribeño tras un aplazamiento pedido por el Gobierno de Nicolás Maduro para recabar la información que se le había requerido, y que, según el funcionario de La Haya, no fue aportado.
Al finalizar el lapso de dicho aplazamiento sin que el Ejecutivo brindase a la CPI la documentación exigida, el Gobierno solicitó al alto tribunal, mediante una carta con fecha 15 de abril y que trascendió hoy, «abstenerse formalmente de la investigación en favor de las actuaciones realizadas por las autoridades nacionales competentes de Venezuela», para que sean estas las que continúen con el proceso de manera interna.
La misiva asegura que las instituciones del Estado están investigando o han investigado a sus «nacionales u otras personas dentro de la jurisdicción respecto de presuntos hechos punibles contra los derechos humanos».
El Estatuto de Roma, fundacional de la CPI, exige que el fiscal acepte la solicitud de Caracas o que presente una petición a la Corte solicitando autorización para reanudar sus propias investigaciones, una solicitud que incluirá las observaciones pertinentes de las víctimas, sus representantes legales y otras partes interesadas en el caso.
Al considerar que Venezuela no ha presentado nueva información que justifique una revisión de su anterior evaluación que lo ha llevado a determinar la apertura de una investigación, Khan solicitará continuar con la misma y será la Sala la que decidirá sobre el procedimiento a seguir.
El fiscal subrayó en un comunicado su “voluntad de cooperar con las autoridades nacionales en sus esfuerzos por buscar justicia”, pero recordó que la implementación efectiva del Estatuto sólo puede lograrse “profundizando en la cooperación y encontrando puntos en común siempre que sea posible, incluso en circunstancias complejas y desafiantes”.
“Si bien las autoridades venezolanas no estuvieron de acuerdo con mi decisión de abrir una investigación, consideré en su honor que, aún así, buscaron comprometerse con mi oficina para desarrollar una cooperación más sólida e identificar formas en las que podamos apoyar la rendición de cuentas a través de procesos a nivel nacional”, añadió.
Respecto al anuncio de Khan, el opositor Juan Guaidó dijo que el deseo «de continuar la investigación por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela reivindica la labor de las víctimas, sus representantes y la sociedad civil en el camino para lograr justicia».
«La dictadura fracasó en su intento de simular justicia. Confiamos en que no habrá impunidad porque solo así se logrará el resarcimiento a las víctimas y se garantizará la no repetición de los hechos. Que esto aliente aún más nuestra lucha por la justicia, libertad y democracia», escribió el opositor en Twitter.
En este sentido, el antichavista y dos veces candidato presidencial Henrique Capriles sostuvo que los miembros de la cúpula gubernamental «están acostumbrados a una ‘justicia’ a su medida, con instituciones leales a sus planes de control político».
«La CPI los vuelve a poner en su lugar. Nuestro apoyo total y acompañamiento a las víctimas y sus familiares en este camino para conseguir verdadera justicia», agregó en la red social.
A juicio de la abogada venezolana Tamara Suju, «la tiranía no ha podido engañar» al Tribunal de La Haya «porque no existe intención de hacer justicia imparcial y verdadera».
El caso venezolano se remonta a 2018, cuando la Fiscalía de la CPI comenzó un examen preliminar por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad, desde, al menos, abril del 2017, durante las manifestaciones en todo el país.
