El Instituto Nacional de Migración (INM), que gestionaba el recinto, dijo estar cooperando con la investigación.
Cuando empezó a salir humo de un centro de detención de migrantes en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, México, la migrante venezolana Viangly Infante Padrón quedó aterrorizada porque sabía que su esposo seguía dentro.
El padre de sus tres hijos había sido detenido ese día por agentes de inmigración, dentro de una reciente operación donde fueron detenidos otros 67 migrantes, muchos de los cuales pedían limosna o lavaban ventanas de autos en semáforos de la ciudad, al otro lado de la frontera con El Paso, Texas.
En momentos de conmoción y espanto, Infante Padrón recordó cómo vio a los agentes de inmigración salir corriendo del edificio cuando comenzó el fuego el lunes por la noche. Más tarde sacaron los cuerpos de migrantes en camillas, envueltos en mantas de emergencia. El resultado: 38 muertos y 28 heridos graves, víctimas de un incendio al parecer provocado como protesta por los propios detenidos. Las autoridades informaron inicialmente de 40 muertos, pero el martes por la noche redujeron la cifra a 38, diciendo que es posible que algunas víctimas se hayan contado dos veces.
“Estaba desesperada porque veía un cadáver, un cuerpo, un cadáver, y no lo veía por ninguna parte”, explicó Infante Padrón. Finalmente su esposo, Eduard Caraballo López, sobrevivió con lesiones leves, quizá porque iba a ser liberado y estaba cerca de una puerta.
Pero lo que ella vio en esos primeros minutos se ha convertido en el centro de una pregunta que se hacen muchos en México: ¿Por qué las autoridades no intentaron liberar a los hombres -casi todos de Guatemala, Honduras, Venezuela y El Salvador- antes de que el humo llenara la sala y matara a tantos?
