Colombia enfrenta la mayor crisis socioeconómica de su historia reciente, la pandemia ha destruido miles de empleos y la caída de la economía es una amarga realidad para miles de familias, todo en medio de un contexto en el que el postconflicto no logra materializarse y enfrentamos la mayor crisis de migración del mundo.
Es en una coyuntura como la actual que los funcionarios y servidores públicos, pero especialmente los de elección popular: el presidente, los gobernadores, los alcaldes, así como sus ministros y secretarios, tienen la responsabilidad de orientar a la sociedad ante los retos y desafíos que enfrenta. Son ellos los que le explican a la ciudadanía la complejidad de las circunstancias y proponen las medidas que se requieren para que las cosas mejoren.
Quien gobierna tiene la responsabilidad de explicar y hacer comprensible para los ciudadanos el momento que viven, cuando se olvida o evade esta labor, y busca responsabilizar a los gobiernos que los precedieron, a los adversarios y rivales, reales o inventados, o peor aún, a los propios ciudadanos, se crea un desasosiego que colapsa sociedades democráticas, que permite el surgimiento de los populismos y la violencia.
Migración no es un tema de corto plazo
Muchos colombianos empiezan a descubrir que la migración no es un tema de corto plazo, que la dictadura de Nicolás Maduro se está consolidando y que los venezolanos y sus hijos serán parte de la comunidad colombiana. El estatuto temporal de protección para migrantes venezolanos es una ruta diseñada por el gobierno nacional para la integración e inclusión de la migración. No obstante, es sólo una ruta, su materialización depende de la sociedad colombiana en su conjunto.
El estatuto es una respuesta de mediano plazo ante la contingencia que ha implicado el fenómeno migratorio venezolano, otros temas como la población colombiana en el exterior, los otros fenómenos migratorios que hacen vida en el país e incluso la migración pendular tanto en la frontera con Venezuela como en la frontera con Ecuador son materias pendientes que se espera deben ser abordadas por la ley migratoria que cursa en el Congreso, la cual sería el fundamento de la política pública en la materia.
Edificar en el sentido de construir, un proceso que requiere la intervención de diferentes actores del Estado Colombiano, del gobierno, las autoridades de los diferentes niveles, de los órganos de control, de los cuerpos de seguridad, de toda la institucionalidad y todas las organizaciones oficiales, pero también de la sociedad civil organizada, de la comunidad internacional y particularmente de cada uno de los ciudadanos.
Incluyendo a aquellos que no están de acuerdo con la acogida de los venezolanos. Pero también edificar en el sentido de inspirar virtud, es decir en el sentido que es lo correcto trabajar por la integración e inclusión migratoria, no sólo por la mirada economicista, que argumenta el desarrollo y los beneficios materiales de la migración, o por la mirada compasiva de ayudar aquel que se encuentra en dificultades tratando de buscar la satisfacción del bienhechor.
Políticos instrumentalizando los fenómenos de movilidad humana
En el pasado diferentes actores políticos han instrumentalizado los fenómenos de movilidad humana, por ejemplo: Chávez entre 2008 y 2009 aseguraba que la violencia que vivía Venezuela era el resultado de las acciones de los “paramilitares” colombianos. Posteriormente en 2015, Nicolás Maduro responsabilizaba a la nacionalidad colombiana de la crisis económica por el contrabando de extracción y de la violencia a los colombianos que delinquían en las principales ciudades.
Toda instrumentalización es nociva para el adecuado abordaje del tema migratorio, las que son abiertamente xenófobas así como las que encubren y manipulan buscando réditos políticos. Otras sociedades han visto como el tema migratorio mal manejado se ha convertido en la cantera de las mayores amenazas a la democracia.
Los que gobiernan desde el Presidente, pasando por la Alcaldesa de Bogotá, los que fungen un papel en el Estado y hasta el último de los servidores públicos tienen la responsabilidad de ayudar a la sociedad colombiana a comprender los retos que enfrentamos, sus palabras y sus acciones tienen implicaciones y consecuencias.
La movilidad humana proveniente de Venezuela es uno de los grandes retos del Estado en los próximos años, los problemas, las tensiones y la conflictividad son inherentes a un proceso tan difícil y complejo es por ello por lo que la responsabilidad de los líderes es mayor. No se trata de estar a favor o en contra, es orientar a la ciudadanía en dirección a edificar el consenso democrático requerido para poder responder al reto de la migración.
(*) El autor es investigador y vocero del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario.
