Nicolás Maduro es ilegal por poseer -al menos- doble nacionalidad, que le impide según la Constitución venezolana, ejercer la Presidencia de la República. Por si esto fuera poco, la Asamblea Nacional, único poder legal electo por el pueblo, acordó su destitución por “abandono del cargo”. Maduro sigue en Miraflores, así que además de ilegal está en desacato.
El indocumentado e ilegal Maduro, nombró un tren ministerial ilegalmente, ya que, al ser ilegal él, todos sus actos ejecutivos y administrativos son ilegales también.
El alto mando militar es ilegal nombrado por un ilegal, quien, de paso, es el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. Es decir, amigo lector, la seguridad y defensa del país está en manos de ilegales, como lo es también el recién designado Vicepresidente nombrado para el cargo por el ilegal, y que como Maduro, posee doble nacionalidad que le impide, según el artículo 41 de la Carta magna, ejercer legalmente dicho cargo ¡Ilegalidad pura y dura!
El presupuesto nacional, decretos, tratados y convenios internacionales aprobados y firmados son doblemente ilegales: por emanar del ejecutivo ilegal, y por no haber sido revisados y aprobados por la Asamblea Nacional como lo establece la Constitución.
Las rectoras del Consejo Nacional Electoral son –como todos los nombrados anteriormente- ilegales, ya que, vencido el plazo de su mandato, fueron juramentadas para un nuevo lapso por el tribunal supremo de justicia que también es ilegal por estar conformado por unos magistrados designados a destiempo, de manera express y sin llenar los requerimientos exigidos por la ley. El rector del CNE, Luis Emilio Rondón, ha solicitado en las últimas horas a sus colegas del poder electoral, un cronograma para comicios de gobernadores y alcaldes, cuando lo que debería solicitar es su destitución.
¿Son legales los presidentes y directores de institutos autónomos? ¿El cuerpo diplomático desplegado por el planeta lo es? No. Al ser designados por el ilegal o por otro ilegal nombrado por el ilegal mayor, son todos ilegales.
En medio de la reinante ilegalidad de la República Bolivariana de Venezuela, los legales diputados electos por 14 millones de venezolanos, marcharon hasta la sede en Caracas de la Organización de Estados Americanos (OEA) para solicitarle al organismo multilateral el reconocimiento del parlamento, el respeto a la inmunidad parlamentaria y el derecho al voto.
Todos estos derechos están claramente establecidos en la Carta Democrática que los venezolanos hemos exigido se aplique a un régimen que actúa fuera de la constitución nacional y del orden internacional. El diálogo activado por el régimen y la MUD el pasado mes de noviembre, dio al traste con los reiterados intentos de aplicar dicho instrumento, así como logró detener el Revocatorio, la apertura de un canal humanitario para saciar el hambre y aliviar las enfermedades de los venezolanos y la liberación de los presos políticos.
En esta República ilegal el también ilegal TSJ sentenció que la Junta Directiva legal de la Asamblea es ilegal para el régimen; por ende, no se sorprenda, querido lector, si en los próximos días la dictadura asume ilegalmente la directiva y el control del parlamento.
