Ramón Navarro
EL VENEZOLANO MIAMI
Uno de los problemas más controversiales que ha tenido que enfrentar la comunidad hispana en EE. UU., se entiende el segmento en condiciones de irregularidad, es el relacionado con la reforma migratoria: un proyecto de ley, que sigue esperando la luz verde del Congreso, y que fue una de las banderas de campaña electoral del presidente de EE. UU., Joe Biden.
No es un tema sencillo a la hora de hacerlo expedito en el seno del Congreso. Más allá de la conocida burocracia, el expresidente Barack Obama, en su momento, tuvo que apelar a un decreto ejecutivo para cubrir su reforma migratoria, que había sido igualmente ofertada en las elecciones primarias del partido Demócrata en el 2008, y que seis años después, continuaba en el limbo.
Si bien es cierto que desde 1986 el gobierno estadounidense no ha aprobado una ley de ciudadanía de gran trascendencia, se estima que el paquete de reforma migratoria tendría más amplitud que la sancionada en 1965 con el nombre de Ley de Inmigración y Nacionalidad.
Para la abogada de inmigración, Magdalena Cuprys, quien lidera su propio estudio jurídico denominado Sirviendo a los Inmigrantes, con sedes, una cercana al aeropuerto de Miami, otra en Clewiston, y pronto abrirá la tercera sucursal en Orlando, “atendemos casos de inmigración en todo EE. UU.”, el contexto migratorio de la administración Biden la ha desencantado aun cuando continúa a la espera de que salga humo blanco del Poder Legislativo.
“Sí, estoy decepcionada por el incumplimiento de las promesas de Biden. No lo culpo a él totalmente, ya que tiene ideas que no ha logrado culminar. He escuchado cosas buenas que me emocionan mucho, como que probablemente no renueven los contratos con las cárceles de Florida. Esto quiere decir que detendrán menos personas, como el centro de detenciones de Krome”.
Para Cuprys “no ha pasado nada todavía con las reformas”, por lo que las propuestas no han sido sino un ejercicio de medir fuerzas en el Congreso. “Tiene que haber un cambio migratorio. Todo el mundo busca trabajadores. No hay gente para trabajar”. En su opinión el volumen de personas atendidas se ha incrementado un poco. “La promesa de la amnistía no se ha llevado a cabo, de allí mi decepción”.
MANO DE OBRA EXTRANJERA
Stephanie Mazza, integrante del consultorio jurídico Beltrán Brito Casamayor, de Miami, Florida, destaca que el mercado americano necesita la mano de obra extranjera: “Lo común es que estas personas que están indocumentadas, hacen el trabajo que los americanos no pueden hacer, o no quieren hacer. Darle la legalidad, no solo les da paz a los inmigrantes, sino que les estás dando algún tipo de paz al mercado americano que necesita servicios”.
La especialista hizo hincapié que, en efecto, la reforma se focalizó en esos 11 millones de personas indocumentadas, pasó al Congreso, y buscaría ahora, el respaldo de un quórum más reducido. “También la legislación ayudaría a aquellas personas que tenían el TPS antes de 2017, es crucial, porque muchos venezolanos están pensando que la reforma migratoria actual los va a ayudar, y no es así. La reforma actual, en su enfoque, es más que nada, a ayudar aquellos con DACA (Acción Diferida para los llegados en infancia), y quienes tenían TPS antes del 2017. El venezolano que hoy día obtenga un TPS puede ser elegibles para una reforma migratoria a futuro”.
LOBBY POLÍTICO
La aprobación pareciera necesitar de más lobby político por tratarse de un problema esencialmente político. A finales de abril, Biden llegó a los primeros 100 días de gobierno, con una agenda que exhibía 25 promesas resueltas de 61 planteamientos que integraban su narrativa electoral, no obstante, la crisis migratoria no ha hallado el beneplácito de los legisladores republicanos, quienes tienen su propia mirada sobre el problema.
Es evidente que los demócratas no cuentan con la mayoría legislativa para avalar esta añorada reforma. En mayo de este año, un grupo de inmigrantes reclamaron frente a la Casa Blanca, en Washington, la ciudadanía y enfatizaron que es impensable aguardar por dos años más, u otras elecciones presidenciales.
La ley debe pasar por el Senado, y para su aprobación, se necesita 60 votos, y los demócratas solo cuentan con 50 senadores.
“Para el segundo año de esta administración, que habrá algunos puestos elegibles en el Congreso, y con eso, haya tal vez más movimiento, si no es este año, el año que viene”, advirtió Mazza sobre el destino de la reforma.
