«Al día de hoy, en el Foro Penal mantenemos el registro de 320 presos políticos en Venezuela», dijo en Twitter el director de la ONG, Gonzalo Himiob.
En un gráfico que acompaña el mensaje, Himiob destacó que 296 de estos detenidos son hombres y 24 son mujeres, y precisó que 197 son civiles y 123 son militares.
Uno de estos civiles, de acuerdo con denuncias del bloque opositor que se agrupa bajo la figura del dirigente Juan Guaidó, a quien varios países reconocen como presidente interino de Venezuela, es el exdiputado Gilberto Sojo.
Sojo, quien fue elegido como legislador en los comicios parlamentarios de 2015, fue detenido por la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES-PNB), un órgano que la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, ha pedido al Estado venezolano disolver.
Su partido, Voluntad Popular (VP), calificó esta misma jornada su detención -que aseveró se produjo sin orden judicial- como un secuestro.
«Basta de persecuciones, basta de violar sus derechos, no debe estar ni un día más preso injustamente», dijo VP en Twitter.
Sojo ya estuvo detenido entre noviembre de 2014 y diciembre de 2016, por lo que fue elegido como diputado por el céntrico estado de Aragua mientras estaba en prisión y solo pudo acceder a su curul un año después.
La oposición venezolana también ha denunciado como arbitraria la detención del militar Johnny Mejías Laya, quien fue apresado el 30 de enero de 2019 sin que hasta ahora se conozcan los detalles de su caso.
Los familiares de este uniformado han denunciado que durante el tiempo que ha permanecido detenido y bajo custodia del Estado ha sido sometido a torturas físicas y psicológicas.
El opositor Julio Borges, quien fue nombrado comisionado para las relaciones exteriores por Guaidó, ha dicho, usando como ejemplo este caso, que los militares detenidos -y que son considerados presos políticos- «son torturados y sometidos a las peores condiciones de reclusión».
