La Contraloría General de Panamá dijo este lunes que ordenó suspender el pago de gastos de movilización a todos los alcaldes y representantes (ediles) del país, luego de denuncias de desgreño administrativo en algunos municipios por ese y otros conceptos que constituyen los emolumentos de esos funcionarios.
Una veintena de alcaldes y representantes panameños devengan salarios mensuales de entre 7.000 y más de 13.000 dólares, es decir, por encima del presidente de la República, los magistrados de la Corte Suprema y el alcalde de Madrid, según una investigación del diario panameño La Prensa difundida semanas atrás.
El emolumento está compuesto de cuatro segmentos. Un salario mensual que en todos los casos es 2.000 dólares, más gastos de representación, que por lo general son 5.000 dólares, gastos de movilización, también general de 5.000 dólares, y dieta por reuniones, un monto que va entre 250 y 850 dólares.
El presidente panameño, Laurentino Cortizo, dijo el pasado 17 de enero que quería que los alcaldes y ediles que tienen salarios que superan al que cobra el primer mandatario del país se los bajaran, en medio de duras críticas vertidas por varios sectores nacionales contra estos funcionarios y el contralor.
Un comunicado oficial informó este lunes que el contralor general, Gerardo Solís, ordenó suspender el pago de los gastos de movilización » a todos» los 81 alcaldes y 679 representantes que tiene Panamá.
La medida fue dispuesta por Solís «al instruir la revisión de los salarios, gastos de representación y movilización que lleva a cabo la Dirección Nacional de Fiscalización», indicó el comunicado.
El contralor general también ordenó suspender los pagos de los gastos de representación que sean superiores a los 3.500 dólares mensuales, de acuerdo con la información oficial.
El abogado constitucionalista y uno de los denunciantes de la situación, Ernesto Cedeño, afirmó este lunes a Efe que la decisión de Solís «es buen paso inicial» y saludó que lo haya dado tras negarse inicialmente a tomar cartas en el asunto.
A juicio del abogado y analista, el contralor «retrocedió debido a la presión ciudadana», a la que pidió seguir atenta para constar si Solís «tomó esta decisión para calmar la repulsa ciudadana o para poner punto final a la debacle del desgreño administrativo en algunos gobiernos locales».
«Ahora lo que tenemos que ver es cuál será el veredicto final, que a mi juicio podría ser la determinación de no refrendo de esos gastos de movilización donde hay vehículos, chóferes y combustible asignado, o la de regular el gasto de movilización», agregó Cedeño.
El abogado constitucionalista ya ha denunciado antes que la Ley de Descentralización aprobada en el 2015 ha «servido para que algunos funcionarios se suban los sueldos, utilizando la fórmula del gasto de movilización fijo, que nadie quiere controlar su tope».
«Se están resolviendo con la descentralización algunos, en vez de que la descentralización le resuelva al pueblo», ha afirmado el analista panameño. EFE
