Recientemente fueron allanadas en Venezuela, viviendas y oficinas de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia legítimo, pero en el exilio. Para algunos, esta es una presión más para que el ente desista del juicio contra Nicolás Maduro por la presunta comisión de los delitos Corrupción Propia y Legitimación de Capitales
El jueves 3 de Mayo el TSJ acordó dar inicio al mismo, solo falta por definir el país en cual se llevarán a cabo las audiencias. Gustavo Sosa Izaguirre, magistrado miembro del TSJ con asilo en Panamá, nos cuenta sobre este caso singular en la historia política del continente.
A ustedes, magistrados del TSJ legítimo, les fueron allanadas recientemente por funcionarios del SEBIN, sus oficinas, viviendas y las de sus familiares en Venezuela. ¿Esta es la respuesta del régimen al antejuicio de mérito contra Maduro?
Es una medida de presión, no puede interpretarse de otra manera. Los magistrados que formamos parte de este alto tribunal, defendemos principios y valores. Cuando tomamos la determinación de salir del país sin salvoconducto, ya que nos lo negaron hasta tanto renunciáramos a la investidura, nos opusimos a ello, sabíamos perfectamente los riesgos que asumíamos. Nuestra fortaleza se solidificó para sobreponernos al chantaje y la presión de la que hemos sido objeto para continuar con la labor de administrar justicia para la que fuimos juramentados. Sin duda que las recientes acciones del SEBIN, es una respuesta al antejuicio de merito que se adelanta contra el señor Maduro.
Sin embargo la administración de Maduro ha expresado que ustedes no son magistrados ni conforman tribunal alguno y por tanto no le dan importancia a sus decisiones.
Quiera el régimen darle o no importancia al tribunal y sus decisiones, evidentemente que las tiene, al punto que la audiencia pública se celebró nada menos que en el Salón Boyacá del Congreso de Colombia el pasado 3 de abril y el 9 del mismo mes, se anunció la sentencia desde el Salón Constitución del Senado de ese país lo que muestra el respaldo, reconocimiento y legitimidad de este Tribunal Supremo de Justicia legítimo, internacionalmente. Esto les afecta sin duda. Inmediatamente después, los cancilleres reunidos en Perú también expresaron su respaldo y sucesivamente otros organismos y gobiernos del continente y el mundo también lo han hecho. Por su parte, la Asamblea Nacional decidió con 105 votos la continuación del juicio lo que acarrea efectos constitucionales: El presidente de la república está separado del cargo, inhabilitado para ejercerlo, así como, para ser candidato. Por otra parte, hemos producido la decisión del acto de proceder o continuación del juicio en el cual se ratifican todas las medidas cautelares que fueron acordadas como son: la ratificación de la orden de captura, del alerta roja a Interpol, de la congelación de los bienes para lo cual se había activado la Convención de Palermo, se exhorta al Consejo Nacional Electoral a tomar en consideración que entre los efectos de la decisión se inhabilita a Nicolás Maduro para optar a una nueva candidatura y adicionalmente el exhorto a la AN para que continúe y de cumplimiento al artículo 234 que establece el “orden de suceder” o como son llenadas las ausencias del presidente. Se debe proceder a juramentar a quien podría llenar dicha ausencia. En caso de impedimento constitucional o legal en el orden de sucesión, tomar las medidas pertinentes, eso es potestad de la AN en primera instancia.
¿Quedaría al frente del ejecutivo entonces el Vicepresidente, Tareck El Aissami, de quien se dice posee doble nacionalidad y además ha sido sancionado por el Departamento del Tesoro de EEUU, presuntamente por colaborar con narcotraficantes y terroristas?
De lo que me comenta no tenemos pruebas al respecto hasta el momento, de existir, deberán ser presentadas a la AN y ella considerarlas; por eso le digo que en caso de impedimento constitucional y/o legal se le debe hacer la consulta al TSJ legitimo, pero la propia AN podría tomar una decisión y debería hacerlo en el supuesto que hubiese un impedimento y proveer lo conducente a estos efectos.
¿Cuándo tienen previsto ustedes continuar con el juicio?
Acabamos de acordarlo y comenzar el juicio penal de acuerdo con el Código Orgánico Procesal Penal. Estamos evaluando los aspectos de conveniencia logística como en cuál país se va a realizar, para prever las 2 audiencias que se deben llevar a cabo y una tercera para la decisión. Estamos hablando del procedimiento ordinario que se lleva a cabo contra cualquier ciudadano porque el antejuicio se realiza precisamente para que el funcionario pierda la investidura y se le pueda juzgar como a cualquier otro.
¿Es cierto que fue imposible abrir la sede del TSJ legítimo en Panamá?
Falso. Gracias a la colaboración del Comité Panameño de Derechos Humanos, que preside Eduardo Vallarino, nos fue cedido un espacio de la sede del comité desde donde estamos trabajando con el resto de los miembros del TSJ legítimo. Desde ese espacio, realizamos sesiones ordinarias, especiales, las de sala y las plenarias, conectándonos con el resto de los magistrados por video conferencias y utilizando todas las herramientas que nos brinda los avances tecnológicos. Aquí en Panamá, nos encontramos 4 de los magistrados miembros de las Salas Social, de Casación Penal, Político Administrativa y Constitucional. Desde hace ya unos meses tenemos ese espacio para reunirnos, aunque la sede del TSJ legítimo es la Organización de Estados Americanos, OEA. La pasada semana hicimos un acto desde el Colegio de Abogados de Panamá, donde el vocero fue el presidente de la Sala Electoral y ponente del antejuicio de mérito, el magistrado Rommel Gil, quien vino desde Miami y ofreció una conferencia académica. Como invitados especiales estuvieron presentes, Jorge Hernán Rubio, presidente Federación Interamericana de Abogados y en representación de la Comisión Panameña por los Derechos Humanos, Carlos Raúl Moreno y Eduardo Vallarino.
Se sienten ustedes reconocidos como el máximo Tribunal de Venezuela a pesar de encontrarse en el exilio?
La constitución del TSJ legítimo se llevó a cabo el 13 de octubre del año pasado en el Salón de las Américas de la OEA, eso dice mucho al respecto de su pregunta. El hecho de que senadores norteamericanos y otros funcionarios expresen que las sentencias emanadas por TSJ legítimo deben ser respetadas y acatadas, así como la posición adoptada hacia nosotros por el Grupo de Lima dice mucho del reconocimiento. Finalmente, y más importante aún, es que el pueblo venezolano sabe que los integrantes de este tribunal cumplen con los requisitos establecidos en la constitución para ser magistrados, por ello fuimos designados por la Asamblea Nacional electa por los venezolanos. El hecho que la decisión del antejuicio de mérito haya sido ratificada por nuestro parlamento es la corroboración a la legitimidad que nos conceden. Recordemos además que la AN es el único poder reconocido por la comunidad internacional.
No existe certeza en Venezuela que las decisiones o sentencias emitidas por ustedes sean acatadas ¿qué nos dice al respecto?
Nosotros tenemos que hacer lo que la constitución y leyes de la república nos permiten y para ello tenemos competencia exclusiva. El TSJ legítimo acaba de ratificar la orden a la Fuerza Armada Nacional: que ejecuten las medidas cautelares. La FAN verá si cumple la orden o se hace responsable de violar o de estar incurso en la disposición contenida en el articulo 25 de la constitución nacional que establece que los funcionarios que dejen de cumplir las ordenes incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores. Nosotros asumimos nuestra responsabilidad dentro del marco de nuestra competencia. Los venezolanos pueden tener absoluta confianza en sus legítimos magistrados. Nosotros cumpliremos a riesgo de lo que sea, porque juramos cumplir con nuestro deber.
