La ex tesorera nacional venezolana Claudia Patricia Díaz Guillén (2011-2013), conocida como la «enfermera de Hugo Chávez» y extraditada desde España a EE.UU., compareció este viernes por primera vez ante la Justicia estadounidense, que le negó la libertad bajo fianza tal como pedía la Fiscalía.
La próxima audiencia fue fijada para el 17 de mayo y en ella Díaz Guillén deberá declararse culpable o no de los cargos que hoy le fueron imputados: conspiración para lavar dinero y lavado de dinero.
La acusada, que llegó el jueves por la noche desde Madrid, compareció con uniforme de presidiaria de color azul y las manos y los pies encadenados en los tribunales federales de West Palm Beach, unos 100 kilómetros al norte de Miami.
El mismo día de la audiencia se encargó de su defensa la abogada de Miami Marissel Descalzo, según consta en los documentos judiciales del caso, al que está asignado el juez William P. Dimitrouleas.
Después de la audiencia, Efe habló con Descalzo, quien dijo no poder decir nada todavía de la línea de defensa que seguirá.
La Fiscalía pidió que no se concediera a Díaz Guillén la libertad bajo fianza por peligro de fuga y mencionó el hecho de que la acusada se resistiera durante más de un año a ser extraditada a EE.UU., aunque finalmente en noviembre de 2021 la Audiencia Nacional española autorizó su entrega.
También subrayó como razones para que no se le permitiera atender el proceso en libertad la naturaleza de los delitos que se imputan a Díaz Guillén y sus relaciones con el régimen chavista de Venezuela.
Díaz Guillén, que formó parte de las Fuerza Armadas venezolanas y desde 2003 del equipo médico del entonces presidente Hugo Chávez, de ahí su apodo, respondió a las preguntas formuladas en inglés a través de un intérprete.
Por los mismos delitos por los que va a ser juzgada está reclamado por EE.UU su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, que fue guardaespaldas de Chávez y se encuentra en Madrid a la espera de que se resuelva su extradición.
El pasado 12 de enero, la Audiencia Nacional española rechazó un recurso que Velásquez Figueroa presentó contra la aprobación de su extradición, por lo que es solo cuestión de tiempo que siga los pasos de su esposa.
Ambos fueron declarados prófugos de la Justicia estadounidense en abril de 2021, junto al empresario Raúl Gorrín Belisario.
UNA TRAMA MILLONARIA DE CORRUPCIÓN
El matrimonio participó presuntamente en una «trama de lavado de dinero y cambio de moneda» por valor de «miles de millones de dólares», según informó en diciembre de 2020 el Departamento de Justicia de EE.UU.
La acusación fue presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Florida por los cargos de «conspiración para cometer blanqueo de capitales» y «blanqueo de capitales» a través de bancos en Miami.
La acusación alega que Gorrín, de 52 años, dueño y presidente del canal venezolano Globovisión, pagó millones de dólares en sobornos a dos extesoreros nacionales venezolanos, Alejandro Andrade Cedeño y Claudia Díaz Guillén.
Gorrín, señala la acusación, «transfirió dinero electrónicamente para beneficio de Andrade y Díaz, incluidos recursos para jets privados, yates, casas, caballos campeones, relojes de alta gama y una línea de moda», con el fin de beneficiarse de tasas de cambio altamente favorables.
El otro extesorero de Venezuela al que EE.UU. acusó en esta trama, Andrade Cedeño, fue sentenciado a diez años de prisión en noviembre de 2018 por su «participación en la conspiración para cometer lavado de dinero».
Como parte del acuerdo de declaración de culpabilidad, Andrade admitió que recibió más de 1.000 millones de dólares en sobornos de Gorrín y otros implicados «a cambio de usar su posición como tesorero nacional venezolano para seleccionarlos para realizar transacciones de cambio de moneda a tasas favorables para el país».
En enero de 2019, el Gobierno de EE.UU. impuso sanciones económicas contra Díaz Guillén y Gorrín debido a su presunta participación en la red de corrupción que logró más de 2.400 millones de dólares con el uso ilícito del sistema cambiario venezolano.
Además de a Díaz Guillén y Gorrín, el Tesoro también impuso sanciones a otros 5 individuos y 23 entidades utilizadas por la red para canalizar los fondos con sedes registradas en Nueva York, Miami, Delaware y la isla caribeña de San Cristóbal y Nieves.
Como consecuencia quedaron congelados los activos que estas personas y entidades pudieran tener bajo jurisdicción estadounidense y se prohibió llevar a cabo transacciones financieras con ellas.
