Por Diario Las Américas
Autoridades estadounidenses coinciden en que Chávez estaba al tanto de los nexos que su entorno mantenía con los narcos pero evitó ponerle un freno para impulsar su poder, además el entonces gobernante venezolano coaccionó a varios narcos para que vincularan a opositores con el lavado de dinero y la venta de drogas.
La mayor sorpresa para los poderosos capos del narcotráfico que hace más de una década mudaron sus operaciones a Venezuela fue que, pese a forjar alianzas con militares y políticos afines al Gobierno del entonces mandatario Hugo Chávez -y obtener su respaldo-, con los años esos “aliados” quisieron quedarse con el “negocio” sin dar nada a cambio.
Chávez, junto a los militares y civiles que lo rodeaban, conocía esa realidad. Lo anterior lo confirma la coacción aplicada a algunos narcotraficantes por el propio mandatario, con la promesa de que no iban a ser extraditados, si denunciaban los supuestos “vínculos” de algunos personajes de la oposición con el tráfico de drogas para borrarlos así del mapa político, de acuerdo a testimonios y documentos que manejan las autoridades.
De la noche a la mañana, los “aliados” de los narcos se convirtieron en poderosos líderes. Después, para evitar futuros problemas en el camino, comenzaron a entregar a los traficantes de droga a la justicia venezolana y, en el peor de los casos, les abrieron la ventana de la extradición. Ahora, desde Estados Unidos -adonde casi todos fueron enviados-, los imputados están contando lo que saben.
Así, una decena de traficantes y colaboradores -la mayoría extraditados desde Colombia y Venezuela en los últimos cinco años- recibió beneficios judiciales en las cortes por aportar información. Incluso, algunos ya están en libertad tras la información que proveyeron.
Hasta el momento han sido señalados como principales figuras del tráfico de drogas en Venezuela, como parte del llamado Cartel de los Soles, 17 generales venezolanos en activo y con altos cargos, cuatro exministros del chavismo, seis jueces, una larga lista de funcionarios de la administración pública y cinco acaudalados empresarios que se pusieron al servicio del narcotráfico, de acuerdo a la investigación de DIARIO LAS AMÉRICAS que se basó en documentos judiciales, entrevistas y relatos con fuentes al tanto de los procesos.
El caudal de información sobre los vínculos de funcionarios venezolanos con traficantes, que las cortes de Florida y Nueva York conocen, ha servido para armar al menos 40 expedientes en los cuales aparecen implicados, sobre todo, militares y policías que abrieron las puertas al tráfico de cocaína desde Venezuela.
La estructura de los vinculados con el narcotráfico según las investigaciones de las autoridades y los testimonios recogidos para esta investigación:
La llamada de Chávez
Los testimonios y evidencias contra el vicepresidente venezolano, Tareck el Aissami, son los más contundentes y reposan en las cortes del Distrito Sur de Florida y de Brooklyn, en Nueva York. De los relatos se desprende una cadena de relaciones que, de alguna manera, conectan a distintos clanes del narcotráfico internacional.
En enero de 2017, agentes del Departamento del Tesoro y la Administración para el Control de Drogas (DEA) se reunieron con algunos condenados por narcotráfico y estafas en una prisión de Miami, con el fin de obtener información que sería clave para un caso en Venezuela.
Uno de ellos aportó las últimas evidencias para que, un mes después, Washington sancionara a El Aissami por brindar asistencia para el tráfico de drogas al poderoso capo colombiano Daniel Barrera Barrera, entre otros, y al narco venezolano Walid Makled de quien, según las acusaciones, recibió pagos.
El venezolano Samark López Bello, a quien el Departamento del Tesoro identificó como “testaferro” del vicepresidente y “líder clave” en sus ardides, también fue sancionado y sus bienes en territorio estadounidense congelados.
Ahora se ha podido establecer que el vicepresidente venezolano, también en los tiempos en que era viceministro de Seguridad Ciudadana y luego como ministro del Interior y Justicia, puso su autoridad al servicio del narcotraficante colombiano Jaime Alberto Marín Zamora, alias “Beto Marín”, quien fue arrestado en Venezuela el 16 de septiembre de 2010, y extraditado cuatro días más tarde a EEUU.
En esa misma fecha, El Aissami utilizó su cuenta de la red social Twitter para informar al país sobre la captura del capo en la isla de Margarita, donde el colombiano poseía una lujosa residencia y operaba.
La noticia del hecho rodó como pólvora y el Gobierno, lanzando vítores, se jactó de su “combate frontal al narcotráfico”. Durante ese año fueron extraditados seis traficantes de droga y, entre 2006 y 2015, un total de 78, según informes del Ministerio del Interior y Justicia venezolano.
Beto Marín, antiguo líder del Cartel del Norte del Valle de Colombia, contó a los fiscales cómo tras su captura y ya dentro de las oficinas del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) -la policía política venezolana- hubo pedidos muy especiales del propio Chávez para evitar que fuera entregado a EEUU.
“Chávez quería acusar a gente de la oposición, a unas familias específicas relacionadas con la banca privada, de estar vinculadas al Cartel del Norte del Valle y al narcotráfico como lavadores del dinero, pero como Beto Marín no accedió al chantaje, así que este [Chávez] autorizó su extradición”, reveló una fuente cercana a la defensa del narco colombiano.
Beto Marín contó a los fiscales que “estuvo detenido en el Sebin en una oficina de un alto cargo, con teléfono celular, comidas y todo en mano, no en una celda. El Gobierno venezolano no quería realmente entregarlo a la DEA, buscaba utilizarlo a él, como a otros, para culpar a algunos opositores de formar grupos paramilitares con la ayuda del Cartel pero, como no aceptó, lo entregaron”, explicó la fuente, que habló en condición de anonimato debido a la naturaleza reservada del caso.
Por orden expresa de Chávez, otros dos capos detenidos en Venezuela en 2010, y ahora presos en EEUU, fueron “conminados a culpar a un grupo de opositores, con nombres y apellidos concretos, de estar relacionados con la venta de droga, pero estos tampoco accedieron”, indicó una fuente que conoció los detalles del caso.
Los últimos pasos
En la tarde del viernes 17 de septiembre tuvo lugar una llamada de Chávez donde detallaba sus requerimientos y mencionaba a quiénes quería que se acusara en Venezuela. En su lista había ejecutivos de un banco privado y políticos. Ante la negativa del narco colombiano, el presidente se molestó. Cabe señalar que a través de su cadena de testaferros Beto Marín adquirió una propiedad en el país, que había pertenecido a un banquero venezolano.
Durante la noche de ese viernes y con un “no” al frente, el gobernante venezolano telefoneó a su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, quien estaba fuera de Bogotá, para informarle personalmente sobre los detalles de la captura y confirmar la entrega “a quien estuviera solicitando primero” al narco.
Un día después, Chávez aprovechó para despotricar contra el capo y mostrar ante las cámaras las excentricidades con las que vivía en Venezuela, sin explicar cómo un personaje con ese poder e historial se desenvolvió sin problemas en el país.
“El señor El Aissami y su hermano Feras El Aissami estaban al servicio de [Beto] Marín en el Cartel del Norte del Valle, y de Walid [Makled] también. La organización estuvo mucho tiempo allá en Venezuela con el manejo de ellos (…) Pero cuando aprendieron el negocio vinieron las extradiciones porque se dieron rencillas. En verdad hubo una protección de grandes narcos”, acotó la fuente.
El despacho del vicepresidente, así como un colaborador cercano, no respondieron a pedidos de DIARIO LAS AMÉRICAS para recoger sus opiniones.
Las redes de Beto Marín fueron extensas. De acuerdo con documentos de la corte relacionados con el caso, el juez venezolano Benny Palmeri Bacchi recibió una comisión de 850.000 dólares para acusar al capo falsamente en Venezuela, y evitar así su posible extradición.
Pero lo que menos imaginó Palmeri es que su suerte terminaría en julio de 2014, cuando fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Miami, mientras se disponía a comenzar unas vacaciones con su familia.
El juez se declaró culpable y cumplió una condena de cuatro años. En febrero pasado fue puesto en libertad y salió de EEUU rumbo a Europa, tras recibir beneficios por su cooperación con la DEA, constató este diario.
Esta alianza de Palmeri con el narcotráfico fue forjada nada menos que con el exdirector de la Interpol en Venezuela, el comisario Rodolfo McTurk, quien presuntamente colaboraba con Beto Marín para traficar cocaína y está solicitado por una corte de Florida, según muestran documentos judiciales.
McTurk fungió como jefe de la División de Investigaciones de Interpol-Caracas y director del mismo organismo internacional para Venezuela. Un informe de la organización Poderopedia reveló que en 2005 su nombre aparecía en el Tribunal Supremo de Justicia venezolano, junto a otros 14 implicados, bajo los cargos de transportar droga; por lo cual le fue dictada orden privativa de libertad.
Aun con este prontuario, en 2009 el comisario McTurk terminó encargado de la División de Investigaciones de la policía internacional, y en 2010 ascendió a director de la oficina de Interpol en Venezuela, una verdadera alfombra roja de complicidad con la que benefició a diversos carteles mexicanos y colombianos.
“Si hay alguien esencial que debe enfrentarse a la corte es Mr. McTurk, pero por lo visto está en Venezuela tranquilamente”, acotó. Este diario pudo verificar que sobre el excomisario no existe orden de arresto por parte de las autoridades venezolanas.
“Esta situación con Interpol Venezuela creó un precedente con el país, porque si está infiltrada por policías corruptos, la relación es nula. Por ello prácticamente hoy la DEA trabaja a solas en los casos internos de Venezuela”, explicó otra de las fuentes consultadas.
El todopoderoso
De los elementos sustanciosos del caso sobre Beto Marín destaca, también, el respaldo clave del general del Ejército Hugo Carvajal Barrios, quien en su cargo como jefe de Inteligencia Militar entre 2004 y 2011, presuntamente le facilitó custodia y acceso junto a otros integrantes del Cartel del Norte del Valle, según reveló una fuente.
Durante ese período, el hoy diputado por el estado Monagas facilitó acceso a instalaciones como el Fuerte Tiuna (complejo militar en Caracas), donde Beto Marín entraba sin inconvenientes y sostuvo reuniones con grupos de generales. “Todo eso se pudo hacer gracias a Carvajal”, explicó la fuente.
El hilo de los testimonios de Beto Marín es clave porque era un teniente del fallecido líder del cartel de Norte del Valle, Wilber Varela, alias Jabón, asesinado en enero de 2008 en Mérida, ciudad de Los Andes venezolanos. Carvajal fue uno de sus protectores en esa estancia, confirmó de una de las fuentes.
Jabón centró sus operaciones en Venezuela, y gracias al respaldo de militares pudo huir de sus enemigos en pleno forcejeo por el control de las rutas y el negocio, aunque al final dieron con él para matarlo. Es allí cuando Beto Marín asume una gran parte del liderazgo del Cartel del Norte del Valle y Venezuela se afianza como una base de operaciones.
Beto Marín llegó a Venezuela en 2006 y allí permaneció hasta su captura, en 2010. Sin embargo, para 1999 alias Jabón ya estaba en Venezuela donde se quedó hasta mediados de 2002, confirmó una fuente. Ese año regresa a Colombia para continuar sus operaciones, y es en 2004 cuando retorna a territorio venezolano con la decisión de radicarse allí.
El Cartel del Norte del Valle surgió de la desintegración del poderoso Cartel de Cali, de los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, y se convirtió luego en un poderoso emporio del narcotráfico que, según la DEA, abarrotó EEUU con unos 27.000 kilogramos de cocaína entre 1999 y 2004.
Después de su extradición el 20 de septiembre de 2010, Beto Marín fue sentenciado 16 años de prisión en 2012. Se declaró culpable de contrabandear con sus socios más de 30 toneladas de cocaína hacia suelo estadounidense, en la última década. Las evidencias que ha ido entregando han sido cruciales para que los agentes federales aclaren casos y él pueda acceder a beneficios.
A medida que Venezuela fue convirtiéndose en santuario del narcotráfico, los mayores operadores de droga del mundo se establecieron en el país. Lo particular es que cada uno terminó sirviéndose de los mismos operarios en una extensa red que ha venido cayendo.
En el ojo de EEUU
Los investigadores en Miami están en conocimiento de otras figuras de la “empresa de colaboración” del vicepresidente El Aissami, que integran una lista a la que se suman acusados de narcotráfico bajo la mira de la DEA.
El empresario venezolano Carlos Eduardo Orense Azocar, identificado como presunto colaborador en las operaciones para legitimar dinero del vicepresidente en alianza con Samark López Bello, es un personaje clave del entorno de El Aissami, de acuerdo con testimonios presentados a los fiscales a los que accedió este diario.
Fueron sus vínculos con Pedro Luis Martín Olivares, exjefe de inteligencia financiera de la policía política venezolana, y el general Hugo Carvajal -ambos señalados por EEUU de brindar asistencia al narcotráfico-, los que conectaron a Orense Azocar con el vicepresidente cuando este fungía como ministro del Interior (2008-2012).
Con paradero desconocido hasta el momento, Orense hizo gala de su poder para estrechar su relación con Walid Makled gracias a Martín Olivares y Carvajal. Con este último realizó operaciones de pago y lavado de dinero, presuntamente vinculadas con los envíos de cocaína por parte del narco venezolano, reveló uno de los testimonios.
Ligado a los servicios de inteligencia venezolanos gracias a Martín Olivares y Carvajal, Orense llegó a operar desde una oficina en El Helicoide, sede del Sebin en Caracas, donde, según pruebas, “colaboró con capos colombianos en el traslado de mercancía vía terrestre al centro del país, que era escoltada con carros del Servicio de Inteligencia y la Guardia Nacional”, precisa uno de los testimonios.
“Orense hizo algunos trabajos con Makled y sus operarios. Manejaban el puerto bolivariano de Puerto Cabello y desde allí despachaban. Debían salir de esa zona pues era donde Tareck protegía. Esto fue entre 2006 y 2009”, indicó una de las declaraciones.
En ese entonces, El Aissami fungía como viceministro de Seguridad Ciudadana (2007), y en 2008 Chávez lo designó ministro del Interior y Justicia. Pero en realidad su poder comienza a tomar cuerpo cuando en 2006 ganó un curul en la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
En esta confluencia de intereses por una tajada del dinero, Orense hizo sociedad con Martín Olivares y Carvajal. Así fue como “manejaron la logística del envío de lanchas hacia República Dominicana y el paso de mercancías desde Colombia hasta Venezuela, vía terrestre y aérea. Los vuelos salían desde los estados Apure y Guárico, y las lanchas desde Falcón hasta Dominicana y Puerto Rico”, contó a los fiscales uno de los encargados de las operaciones.
“El ‘Pollo’ Carvajal es una de las personas más polifacéticas que podemos encontrar en todo este entramado. Es una de las personas que más participó en actividades de tráfico de drogas e ingreso de dinero del narco a Venezuela”, relató una persona que conoció de cerca al militar y sirvió de testigo al Departamento de Justicia para engrosar el expediente del actual diputado.
La coca de los llanos
Los fiscales en Miami que siguen las investigaciones conocieron que entre 2007 y 2010, Orense utilizó la finca Los Garañones, ubicada en el estado llanero de Guárico, en el centro de Venezuela, para el despacho de al menos ocho cargamentos que según las investigaciones iban cargadas de drogas. En medio de una pista improvisada, también aterrizaron aeronaves procedentes de Colombia. Desde la propiedad, las avionetas volaban hacia el estado Apure para luego adentrarse en territorio colombiano.
Los agentes están al tanto de que López Bello guarda “estrecha relación” con Orense en el manejo del dinero fraudulento, a través de dos organizaciones del empresario, Yakima y Sahect, que eran usadas como “holdings” para retener el dinero de supuestas operaciones petroleras.
Una empresa del sector energético vinculada a Orense y con sede en Nueva York, que consiguió enormes contratos relacionados con suministro de piezas y partes para Petróleos de Venezuela (PDVSA), está bajo investigación porque presuntamente fue utilizada para camuflar dinero ilícito entre 2004 y 2009, relató una fuente.
Uno de los alegatos cita que parte de los contratos de esta compañía se logró gracias a la relación de Orense con Luis Marín, expresidente de Citgo, la filial de PDVSA en EEUU.
Sin embargo, esos pagos no se habrían producido sin el respaldo de la alta gerencia de la empresa estatal venezolana. Fue entonces cuando salió a relucir la figura de Eudomario Carruyo, expresidente de Finanzas de PDVSA, quien -de acuerdo con uno de los testimonios- autorizó los pagos a la empresa vinculada a Orense de una manera veloz, a diferencia de las moras que había con otras contratistas.
Para lograr que las maniobras llegaran a buen fin, las redes de lavado de dinero se nutrieron de documentación legal emitida por el Estado venezolano, que en el fondo era de procedencia ilegítima, gracias a operaciones en el servicio de identidad de Venezuela (Saime).
Según la investigación, detrás de una de estas redes estaba Orense Azocar, en alianza con Martín Olivares. Los fiscales conocieron que el empresario recibió apoyo de funcionarios del Saime, ya identificados, que les proveyeron pasaportes a diversos grupos para legitimar fraudes, uno de ellos el orquestado en el Banco Peravia, de República Dominicana.
Un relato basado en la información que el Departamento del Tesoro obtuvo en 2017, muestra que, más allá de su gusto por las rancheras, la multiplicidad de viajes de Orense a México, constatados a través de sus movimientos migratorios, “tuvo que ver con reuniones mantenidas con distintos narcos miembros de los carteles de Jalisco y Sinaloa”.
Al servicio de esta organización, en torno a Orense, estuvo el capitán retirado de la Guardia Nacional Vassyly Kotosky Villarroel, señalado por el Departamento del Tesoro en 2013 como uno de los mayores traficantes de drogas. En 2016 fue capturado por las autoridades venezolanas.
La acusación del Tesoro dice que el exoficial tuvo un importante papel en el narcotráfico internacional en Colombia y Venezuela, por facilitar tanto el traslado de narcóticos como los pagos. En lo referido al caso de Orense, un testimonio revela que Kotosky Villarroel “facilitó la escolta de cargamentos en operaciones identificadas”.
La DEA declinó ofrecer comentario alguno sobre esta cuestión en particular “y lo relacionado con las investigaciones de Venezuela”, afirmó Melvin Patterson, portavoz de la agencia antidrogas.
En enero de 2004, la justicia venezolana dictó pena de prisión contra Orense por la muerte en 2003, durante una riña, de Carlos Cedeño, uno de sus socios. El empresario consiguió salir en libertad antes de terminar su condena, gracias a beneficios procesales cuyos registros no se hallaron para esta investigación.
El policía
Con un paradero desconocido, antes de ser director de la Unidad de Contrainteligencia del Sebin, Martín Olivares tuvo un poder casi absoluto dentro del aparato de seguridad venezolano, hasta que en 2015 se convirtió en uno de los fugitivos más buscados por la DEA, tras ser acusado de conspiración para distribuir cocaína.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro identificó el 7 de mayo de 2018 a este exagente de inteligencia como “narcotraficante extranjero”. Además de clasificar de “narcotraficantes” a dos de sus cómplices, 20 empresas en Venezuela y Panamá fueron sancionadas.
Según los registros de la seguridad social venezolana examinados por este diario, la corporación PLM Consultores, C.A, domiciliada en Caracas, guarda relación con Martín Olivares. El exagente de inteligencia aparece hasta 2017 como empleado “activo” de la empresa, la cual se encarga de brindar asesoría corporativa. Sin embargo, los datos de contacto se encuentran desactualizados. La OFAC sancionó a PLM Consultores.
Sobre Carvajal, exjefe de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), también existe una orden de arresto de EEUU, que lo señala de colaborar en el tráfico de cocaína. Carvajal ha negado las acusaciones por completo desde su posición de diputado de la Asamblea Nacional.
Sobre la base de alegatos a los que accedió este diario, una porción del dinero obtenido por El Aissami fue a parar a operaciones del Banco Peravia, en República Dominicana, mediante del empresario Lorenzo Laviosa López, quien fungía como operador financiero de esta entidad, José Luis Santoro Castellano, empresario detenido en Venezuela por estafa y ahora prófugo, y Gabriel Jiménez Aray, vicepresidente de Peravia y abogado de bajo perfil que sirvió como funcionario del Ministerio de Finanzas venezolano.
Con un fraude de 35 millones de dólares, el Banco Peravia, en República Dominicana, fue intervenido en 2014 por presuntas estafas, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, razón por la que Santoro y Jiménez Aray están prófugos y en el ojo de la OFAC por los presuntos vínculos con El Aissami.
De las pesquisas sobre Peravia, lo que despertó el interés de los fiscales fue cómo se lavaron millones de dólares a través de esta entidad y quiénes fueron los ejecutores de dichas operaciones, en las que están implicados funcionarios del gobierno venezolano que abrieron cuentas para lavar dinero caliente del narcotráfico y la corrupción.
Remolino de corrupción
También sorprende a las autoridades estadounidenses la mezcla de dinero del narcotráfico venezolano con la corrupción burocrática y cómo, a manera de virus, se repartió por el mundo.
Las evidencias entregadas por narcotraficantes extraditados desde Venezuela y Colombia han sido tan creíbles y concuerdan tanto con otras investigaciones, que cinco capos del narcotráfico, junto con sus colaboradores, salieron en libertad en 2017 tras aplicarse la Regla 35.
Este recurso legal permite la reducción de las penas para los delincuentes que cooperan con el Gobierno Federal en sus esfuerzos por investigar o enjuiciar a otros, y es lo que vienen haciendo los traficantes vinculados con Venezuela.
Entre 2009 y 2014, la Comisión de Sentencias del Gobierno federal que aplica la Regla 35 aprobó 10,811 reducciones de condena en todo el país a quienes antes o después del juicio aportaran información de valor.
Luis Frank Tello Candelo, alias “el negro Frank”, detenido en 2010 en Caracas y extraditado a EEUU, fue uno de los beneficiados al entregar información sobre los nexos del Gobierno venezolano con el narcotráfico. Está en libertad desde 2017, al igual que Gloria Rojas Valencia, su pareja, arrestada en Caracas. Ambos estaban vinculados con Los Zetas, de México, que mantenía operaciones en el país suramericano.
Venezuela se ha convertido no sólo en un punto importante de tránsito de drogas, sino también en una nación que maneja sus propios carteles, con representantes del crimen organizado internacional como “embajadores”.
“En lo más alto de la organización hay personas que no saben a quién le reportan. Es por esto que EEUU acusa al vicepresidente venezolano de estar a cargo”, explicó David S. Weinstein, exfiscal federal adjunto para el Distrito Sur de Florida.
Weinstein fue jefe de la Sección de Narcóticos del Condado Miami-Dade y su experiencia le indica que en el pasado los propios policías que se vincularon al narco, después entregaban a los criminales por roces o para ganar indulgencias.
“Con el señor El Aissami pudo pasar ambas cosas”, matizó Weinstein.
Bajo la funda del espionaje cubano, Chávez transformó su aparato de inteligencia colocando en posiciones clave a militares y policías de su entera confianza. El hecho de que el general Carvajal, Néstor Reverol, general y ministro del Interior acusado por Washington de asistir a narcotraficantes, y el propio El Aissami ostenten cargos estratégicos, no es, a todas luces, nada casual.
