La designación de magistrados al TSJ y la presentación de un plan de gobierno por parte de la oposición, no puede interpretarse como el surgimiento de una instancia de mando alternativa, aclaró el politólogo Guillermo Tell Aveledo
Incertidumbre. Esa palabra define a la perfección la situación actual de los venezolanos: temor a la intensificación de la crisis, a la no renovación de autoridades, y la posibilidad de no poder salir del país debido a los elevados costos de los boletos aéreos internacionales. La certeza de una mejora en la condición de vida es una quimera.
La situación política tiende a empeorar. Tras cuatro meses de intensas manifestaciones antigubernamentales, el conflicto sigue en ascenso y con ello las muertes en protestas, el aumento en las cifras de presos políticos, y el ritmo acelerado de la inflación que coloca los productos de primera necesidad en artículo de lujo motivado a sus precios.
Es poca o prácticamente nula la posibilidad de entendimiento entre el oficialismo y la oposición. El primero desea a como dé lugar la imposición de una Constituyente para profundizar el llamado “socialismo del siglo XXI” y el modelo heredado de Hugo Chávez; mientras que sus adversarios insisten en la necesidad de un cambio institucional mediante elecciones.
Ninguna de las dos partes ha llegado a un punto de acuerdo, por esta razón es difícil un diálogo que concluya en una negociación favorable. Ante esto, solo queda preguntar, ¿es posible la instauración de un gobierno paralelo al de Nicolás Maduro luego del 30 de julio?
“Los gobiernos paralelos se dan en casos de guerra civil”
La representación opositora en el Parlamento designó y juramentó a 33 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Dos días antes, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) presentó un plan de gobernabilidad que prevé, entre otras cosas, una presidencia sin reelección, y la inclusión de los oficialistas que deseen trabajar “en la reconstrucción del país”.
Aunque algunos pudieran interpretar estas acciones como el nacimiento de un gobierno paralelo, la realidad es otra. Las instancias similares de mando solo surgen en el marco de guerras civiles.
La afirmación le pertenece al docente universitario y politólogo, Guillermo Tell Aveledo, quien precisó que las recientes decisiones políticas de la oposición no emulan escenarios vividos en países que han atravesado conflictos armados.
“Lo clave para saber si eso es así es: ¿tienen quienes reclaman gobierno un territorio controlado exclusivamente por ellos? ¿Cuentan con población sometida a su autoridad? Mientras eso no ocurra, no hay dos gobiernos paralelos, más allá de declaración alguna. Este tipo de situaciones se dan en casos de guerra civil, o de ruptura posterior a una guerra o invasión, no en tiempos de paz, o en casos de conflictos aún no bélicos”, detalló.
Enfatizó que los contrarios a la administración de Nicolás Maduro actúan sobre la base del mandato que confiere ser mayoría en el Poder Legislativo. “¿Lo que hace la Unidad puede entenderse como gobierno paralelo? En absoluto. Hay un conflicto acotado sobre la interpretación de la autoridad de la Asamblea, y simultáneamente una crítica a la legitimidad de base de los magistrados del TSJ. Sin embargo, para una instancia de gobierno paralelo debe haber algún tipo de exclusividad y de estabilidad del dominio que se reclama”, subrayó.
Apuntó que la MUD no cuestiona el marco legal general, como si lo hace el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) al promover la Constituyente. “La noción de legitimidad implica niveles de sometimiento, de lo micro a lo macro: decisiones, políticas concretas, leyes, gobierno, marco legal general. En Venezuela, la Unidad no está cuestionando el marco legal general, aunque esto puede cambiar con la Constituyente, cuando se plantee un texto contrario a lo previsto en vigente carta magna, que la mayoría considera legítima”, sentenció.
¿Qué viene?
De celebrarse la elección, los constituyentes serán juramentados para que empiecen a ejercer funciones a la semana de ser escogidos. La redacción de la nueva Carta Magna se realizaría en los espacios del Palacio Federal Legislativo, lugar en el que actualmente funciona la Asamblea Nacional escogida el 6 de diciembre de 2015. ¿Se repetirá el escenario violento del 5 de julio pasado cuando oficialistas atacaron con palos, piedras y botellas a los legisladores de la oposición? Solo el tiempo tiene la respuesta.