Tras 13 reuniones sostenidas, la Oficina de la Secretaría General de la OEA para la Crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos, que dirige David Smolansky y Coalición por Venezuela, una estructura compuesta por 63 organizaciones de la sociedad civil establecidas en 23 países de América Latina y el Caribe, realizaron y publicaron un detallado informe con propuestas que buscan mejorar la situación y las condiciones de los migrantes y refugiados venezolanos, sobre todo en el marco de la pandemia por el nuevo coronavirus, COVID-19.
“Para todos nosotros es un reto proponerle a los gobiernos todas las políticas que queremos nosotros que se realicen, mostrándoles las oportunidades que implican integrar a la población venezolana”, explicó Juan Carlos Viloria Doria, coordinador general de la Coalición por Venezuela, en el programa Obligados a Salir, que conduce la periodista Adriana Rincón y que es transmitido por el canal de Youtube Plomovisión.
“Todos esos técnicos superiores, profesionales con postgrados, entre otros, pueden mejorar el desarrollo de las economías locales, regionales y nacionales. Nuestro objetivo es coordinar una respuesta a la emergencia humanitaria que atraviesa Venezuela”, agregó Viloria Doria.
Salud, lo primero
El informe está dividido en las siguientes áreas: salud, empleo u otros medios de vida, seguridad alimentaria, necesidad de protección y vivienda.
“Se busca alcanzar soluciones comunes y pertinentes que mejoren la situación y las condiciones de los migrantes y refugiados venezolanos en los países de acogida”, resume el informe en su introducción.
En cuanto al tema salud, se explicó que el panorama no es homogéneo, a pesar de que derecho a la salud está reconocido en el ordenamiento jurídico de los países de la región de las Américas.
Por tal motivo, se insta a las naciones receptoras a “proteger y promover el derecho a la salud de los migrantes y refugiados, incluyendo aquellos que no cuentan con estatus migratorio regular o cuya documentación se encuentran en trámites, según reza el informe.
Derecho a educación
En este punto, el informe explica que “en los Estados de las Américas se reconoce el derecho a la educación, incluyendo educación básica, media y universitaria. No obstante, gran parte de los Estados solo permiten el acceso a la educación a migrantes que cuenten con un estatus migratorio regular”.
Por lo tanto se recomienda, entre otros puntos, impulsar la inclusión de personas migrantes en edad escolar (básica, media y universitaria), promover campaña que destaquen la importancia de incluir a profesionales venezolanos en el sistema laboral, entre otros.
Con respecto a los medios de vida, se debe promover la inclusión de migrantes y refugiados en el mercado laboral y permitir el acceso al sistema bancario y crediticio.
“Diseñar mecanismos de transición que permitan la regularización e incorporación dentro de la economía formal de aquellos migrantes y refugiados que trabajan en la informalidad”, reza el informe.
Sobre la seguridad alimentaria, se recomienda la inclusión de los migrantes y refugiados en los programas de asistencia alimentaria.
El tema vivienda es clave y así lo resume el informe. “Implementar medidas que refuercen las disposiciones jurídicas frente a la prohibición del desalojo establecido por los Estados, a través del diálogo con las partes involucradas, diseñando garantías para las personas dueñas de pensiones y arrendadores”.
Beneficios de implementar las propuestas para los países receptores
- La regularización del estatus migratorio y la integración de los migrantes y refugiados venezolanos ayudan al desarrollo económico del país de acogida.
- La regularización y habilitación de profesionales de la salud fortalece el sistema de sanitario, mejorando la respuesta del Estado ante el COVID-19.
- Garantizar la cobertura universal de los servicios sanitarios, sin exclusión, fortalece la salud pública de los Estados.
- La inclusión de migrantes y refugiados en edad escolar a la educación formal ayuda a la integración sociocultural y es un factor determinante para la disminución de la violencia.
- La homologación de profesionales y personal calificado fortalece la respuesta a las necesidades económicas de los Estados.
- La integración de migrantes y refugiados en la economía formal permite a los países de acogida aumentar la recaudación de sus impuestos y minimiza la explotación de los migrantes. Además, le brinda mayor estabilidad, seguridad y confianza a todos los que desean emprender o invertir en su negocio propio.
- La cohesión social, como motor de desarrollo, permite disminuir la xenofobia, la discriminación y la intolerancia, fomentando una sociedad más democrática y justa.
