Panamá, 2 mar (EFE).- El encargado de un albergue de Panamá fue imputado por «maltrato al menor» a raíz de una investigación de oficio abierta en mayo pasado, informó este martes la Fiscalía, en medio del escándalo por los abusos sexuales, físicos y sicológicos en esos hogares infantiles que sacude al país desde hace semanas.
El encargado, una persona no identificada, habría maltratado a seis adolescentes de entre los 14 y 17 años que vivían en el hogar de acogida, situado en la provincia interior de Veraguas, explicó en un comunicado el Ministerio Público (MP, Fiscalía), que solicitó la imputación por «el delito de maltrato al menor, en grado de omisión».
La Fiscalía reveló que también «hay dos personas más imputadas por el delito Contra el Orden Jurídico Familiar y el Estado Civil en la modalidad de maltrato al menor, quienes eran los encargados de administrar el albergue», las cuales «se encuentran con medida cautelar de reporte periódico desde el 27 de octubre de 2020», la fecha en que se «realizó la audiencia de imputación».
La Fiscalía comenzó una investigación de oficio en mayo de 2020, momento desde el cual la Sección de Familia de la Fiscalía de Veraguas aplicó «medidas de protección a las víctimas, seis menores entre los 14 y 17 años de edad», de acuerdo con la información oficial.
En una audiencia realizada este martes, la Fiscalía «solicitó al Juez suspender funciones al albergue en mención por no reunir las condiciones adecuadas ni la estructura para albergar personas», pero «el juzgador negó esta petición argumentando que esta medida no es de competencia penal, sino administrativa», indicó el comunicado.
Hace tres semanas, una subcomisión de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) presentó un informe que detalla que desde 2015 decenas de menores fueron abusados sexualmente, maltratados física y psicológicamente en 14 albergues en los que se acoge a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
Aunque los albergues estén supervisados por el Estado, a través de la estatal Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), están administrados por ONG y fundaciones, muchos de ellos con subsidios públicos.
A raíz de la denuncia parlamentaria se investigarán «los 54 albergues» de todos, le dijo Efe Fiscalía el pasado miércoles, el mismo día que Eduardo Ulloa anunció su renuncia «irrevocable» al cargo «por los últimos hechos que han conmocionado a la nación panameña», en relación a los abusos de los menores en albergues.
Actualmente hay abiertos ocho procesos por el tema de los albergues a nivel nacional, tres de ellos correspondientes a casos del área metropolitana, de acuerdo con la información de la Fiscalía, que desde el lunes está liderada por el fiscal general suplente, Javier Caraballo.
La denuncia de los abusos han levantado una ola de indignación social con protestas a nivel nacional para exigir justicia y que se haga público el informe parlamentario. En algunas de esas manifestaciones los asistentes y la policía han tenido escaramuzas y ha habido aprehendidos.
El Parlamento citó a la ministra del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), María Inés Castillo, y a la directora de Senniaf, Mayra Silvera, instituciones directamente involucradas con los albergues, pero la comparecencia ha sido supuestamente dilatada por el gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD), el cual mantiene el control del órgano legislativo, según denuncia la oposición.
«Inaceptable que bancada PRD bloquee comparecencia de ministra del MIDES y directora de Senniaf a la Asamblea Nacional. Después se preguntan por qué tenemos que salir a buscar firmas para cambiar el sistema colapsado que nos gobierna», escribió en su Twitter el presidente de Cambio Democrático (CD) y excandidato presidencial, Rómulo Roux.
