La organización Human Rights Watch emitió una carta al Papa Francisco ante el anuncio de diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana.
Indican que el propósito de la carta es instar “respetuosamente” a que se asegure de que en el proceso de diálogo existan las condiciones adecuadas para que ese diálogo resulte fructífero. “Un diálogo auténtico y de buena fe deberá estar basado en una evaluación objetiva de la crisis política, social y económica que enfrenta el país, y reconocer que el gobierno tiene la responsabilidad de haber creado esta situación y, por ello, de resolverla. De lo contrario, solamente ofrecerá una nueva distracción a las autoridades venezolanas para demorar las medidas urgentes que son necesarias para proteger los derechos humanos y restablecer un mínimo orden democrático en Venezuela”.
Señalan que para que el diálogo tenga un buen resultado se “debe partir reconociendo las prácticas autoritarias del gobierno venezolano. Desde la brutal represión de las protestas contra el gobierno de 2014, las autoridades han recurrido a los tribunales de justicia, que están plenamente subordinados al ejecutivo, para otorgar una fachada de legalidad a la represión y detenciones arbitrarias de líderes de oposición y ciudadanos de a pie que critican la crisis. Muchos han sufrido graves abusos mientras se encontraban bajo custodia de las autoridades, incluyendo algunos casos de tortura. Lo usual es que estos procesos penales estén viciados por violaciones del debido proceso. Además de aquellos que permanecen detenidos desde 2014, otras personas, incluidos activistas políticos y periodistas, han sido detenidas en las últimas semanas y sometidas a procesos judiciales igualmente viciados”.
Reseñan las arbitrariedades del régimen de Nicolás Maduro contra el parlamento, “han despojado de sus funciones básicas a la Asamblea Nacional, que desde enero de 2016 está compuesta por una mayoría opositora. Prácticamente todas las leyes adoptadas por la AN desde entonces han sido invalidadas por el Tribunal Supremo de Justicia, que se ha convertido en un apéndice del ejecutivo desde el 2004, cuando el presidente fallecido, Hugo Chávez, lo intervino”.
Expresan que mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral (CNE), integrado por miembros afines al gobierno “que lo convierten en un órgano totalmente parcial, ha actuado con negligencia supina al ignorar plazos específicos fijados en su propio reglamento, demorando así indebidamente el proceso del referéndum revocatorio sobre la presidencia de Nicolás Maduro. El 20 de octubre, anunció que suspendería por tiempo indefinido la recolección de firmas que iba a tener lugar esta semana para que avanzara el referéndum. El Consejo ha intentado, como habitualmente lo hace el ejecutivo, escudarse en que está cumpliendo decisiones judiciales, pero estas decisiones fueron adoptadas por tribunales que carecen de independencia”.
Explican que Venezuela enfrenta una profunda crisis humanitaria que está afectando gravemente el bienestar de los venezolanos y viola sus derechos a la salud y la alimentación. “Debido a la grave escasez de medicamentos e insumos médicos básicos, para muchos venezolanos es sumamente difícil obtener atención de salud esencial. La escasez severa de alimentos y otros artículos está impactando en los niveles nutricionales de los venezolanos, especialmente aquellos de los sectores de más bajos ingresos. Sin embargo, el gobierno niega enfáticamente que exista una crisis humanitaria, no ha articulado ni implementado políticas mínimas adecuadas para abordarla, y ha perseguido a quienes denuncian la situación humanitaria. Además, el gobierno rechazó una ley de la Asamblea Nacional para solicitar asistencia internacional humanitaria, y solamente realizó esfuerzos limitados para obtener la ayuda internacional que podría mitigar el sufrimiento de los venezolanos en el corto plazo”.
El Venezolano de Miami
