La opositora venezolana Delsa Solórzano denunció este miércoles que el Gobierno de Venezuela ha estado en contacto con presuntas víctimas de crímenes de lesa humanidad para pedirles que cierren sus casos para poder decirle a la Corte Penal Internacional (CPI), de acuerdo a su información, que en el país se está «haciendo justicia».
«El régimen está pretendiendo, a través de otros artilugios, evadir la justicia, para lo cual están contactando a las víctimas de crímenes de lesa humanidad, de los delitos cometidos desde 2014 para acá y muy particularmente de 2017, y les piden que cierren los casos, para decir que se hizo justicia», expresó la exdiputada en una conferencia de prensa.
Solórzano, quien no detalló a qué víctimas estaría contactando el Gobierno de Nicolás Maduro, ni brindó pruebas sobre su afirmación, sostuvo que el objetivo del Ejecutivo es «disminuir el número de casos y así también decirle a la Corte que se está haciendo justicia en Venezuela».
«Nosotros hacemos un llamado a las víctimas para que estén atentos a esto», agregó.
El fiscal de la CPI, Karim Khan, anunció el pasado 21 de abril su deseo de seguir investigando los presuntos crímenes de lesa humanidad denunciados en Venezuela, a pesar de que Caracas le haya pedido oficialmente que deje esa investigación en manos de las propias autoridades judiciales del país.
Khan notificó a la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte que el pasado 16 de abril Venezuela le pidió dejar las investigaciones en manos de las autoridades nacionales, en base a que Caracas «está investigando o ha investigado a sus nacionales o a otros dentro de su jurisdicción con respecto» a crímenes de la competencia de la CPI.
El Estatuto de Roma, fundacional de la CPI, exige que el fiscal acepte la solicitud de Caracas o que presente una petición a la Corte solicitando autorización para reanudar sus propias investigaciones, una solicitud que incluirá las observaciones pertinentes de las víctimas, sus representantes legales y otras partes interesadas en el caso.
Khan ha «llegado a la conclusión de que no se ha presentado nueva información (por parte de Caracas) que justifique una revisión» de su anterior evaluación de asumir la investigación.
Ante esta circunstancia, le corresponde a la Sala decidir sobre el procedimiento a seguir una vez el fiscal haya presentado su solicitud de continuar con las pesquisas.
La Red de Documentación de Crímenes de Lesa Humanidad de Venezuela (Red-CLH) remitió este miércoles otros 36 casos a la Fiscalía de la CPI, con los que son ya 50 los que ha enviado al tribunal.
El caso venezolano se remonta a 2018, cuando la Fiscalía de la CPI comenzó un examen preliminar por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad, desde, al menos, abril de 2017, durante las manifestaciones en todo el país.
