El Gobierno de Panamá quiere que el proceso de descentralización que puso en marcha hace un año y que otorga más a poder a los municipios «se blinde» en la Constitución para evitar que las Administraciones futuras lo desbaraten.
«Este proceso debe ser irreversible. Tenemos que aprovechar este primer aniversario para hacer un compromiso político para que el proceso siga adelante independientemente de quién sea el vencedor de las elecciones de 2019», afirmó hoy el ministro panameño de la Presidencia, Álvaro Alemán.
El objetivo del Gobierno, según detalló Alemán, es llegar a un «pacto» con la oposición para incluir la descentralización en las reformas constitucionales que previsiblemente se empezarán a discutir «a mediados de este año».
«Cuando se discutan los cambios constitucionales en el futuro, uno de los temas que debe ser incluido es la descentralización a fin de elevar el mismo a rango constitucional (…) El presidente fue claro en su discurso del 2 de enero y dijo que se está trabajando en una hoja de ruta de cambio constitucional», apuntó el ministro.
El proceso de descentralización arrancó en enero del año pasado con la entrada en vigor de la Ley 66 de 2015, que da más autonomía a la gestión municipal y distribuye entre los 78 municipios del país y las 5 comarcas indígenas la recaudación nacional del impuesto de bienes inmuebles y otros fondos estatales.
Durante este primer año, el proceso de descentralización contó con 231 millones de dólares, 151 millones correspondientes al impuesto de bienes inmuebles de 2015 y 80 millones del Programa de Inversión de Obra Pública y Servicios Municipales, que salen de los presupuestos generales.
De esos 231 millones, ya se ha ejecutado el 46 % de los mismos, principalmente en proyectos de infraestructura como mercados municipales, caminos, mejoras de acueductos, comedores escolares o parques infantiles, detalló la secretaria nacional para la Descentralización, Ericka González.
Para este año, el proceso dispondrá de más de 10 millones de dólares más, ya que se espera que la recaudación del impuesto de inmuebles supere los 160 millones de dólares, añadió González.
Panamá, según la funcionaria, ha sido uno de los «últimos» países de la región en poner en marcha un proceso de descentralización y su implementación «no ha sido una tarea fácil» ya que se ha tenido que formar a más de 1.500 funcionarios.
«Para que a un alcalde le arreglaran antes una vereda tenía que venir prácticamente a mendigar a los distintos ministerios en la Ciudad de Panamá», añadió Alemán.
La Contraloría es, según establece la ley, la responsable de fiscalizar el uso de los fondos que reciben los municipios, que están obligados a destinar el 90 % proyectos que deben ser licitados y el 10 % restante a cubrir los gastos de funcionamiento.
