Familiares de asesinados en las protestas antigubernamentales de 2017 en Venezuela calificaron este sábado de «positivo» que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) instale una oficina en el país y expresaron su deseo de «ser escuchados» y que «las ejecuciones extrajudiciales» sean investigadas.
«Nosotros, los familiares y víctimas de los asesinados en protestas de 2017 confiamos en la justicia internacional a través de la CPI. Esperamos ser escuchados y que las ejecuciones extrajudiciales sean incorporadas en la investigación», escribió en Twitter la cuenta de la Alianza de Familiares y Víctimas 2017 (Alfavic).
El fiscal de la CPI, Karim Khan, dijo este jueves en Caracas, que el organismo que lidera abrirá una oficina en Venezuela, tras un acuerdo alcanzado con el presidente Nicolás Maduro, con quien se reunió, en privado esta semana, en la que viajó a Caracas tras ser invitado por el Gobierno.
En este sentido, Elvira Pernalete, madre de Juan Pablo Pernalete, un joven asesinado a quemarropa por un agente de la fuerza pública según confirmó en 2017 el Ministerio Público, ve «como positivo» que la CPI si instale en Venezuela «siempre y cuando las víctimas sean escuchadas, (y) que los asesinatos y las ejecuciones extrajudiciales sean incluidas en la investigación».
«Tenemos cinco años buscando justicia que se nos ha negado. (…) Ahora, después de cinco años, con toda la presión internacional, pretenden crear una falsa sensación de darnos justicia, justicia que no es genuina, porque aquí están haciendo, de manera atropellada, investigaciones en el Ministerio Público de manera acelerada», aseguró.
Señaló que las autoridades «no están investigando a la cadena de mando» y que las acusaciones «que han dado a muy pocos funcionarios no corresponden ni a la gravedad ni a la realidad de los hechos, lo que ocasiona que estos funcionarios queden en libertad».
«Estas investigaciones son insuficientes, (…) benefician a los victimarios y no a las víctimas. Vamos en desventaja, porque todo el sistema está viciado para darnos justicia verdadera», agregó.
La última semana de marzo de 2017, Venezuela fue sacudida por dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que suprimían las competencias del Parlamento, entonces de mayoría opositora, dando paso a una ola de protestas que se saldó con más de 120 muertos y la condena de parte del mundo al Gobierno de Maduro.
