Una corte federal en Estados Unidos rechazó una apelación del gobierno interino de Venezuela en un caso contra la minera canadiense Crystallex, permitiéndole anexarse activos de CITGO, una refinería estadounidense filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA).
PDVSA había llevado ante la Corte de Apelaciones del Tercer Distrito de Filadelfia el fallo de un juez en primera instancia que en el 2018 concedió a Crystallex anexarse activos de PDV Holding —la sociedad comercial dueña de CITGO —para satisfacer un laudo arbitral de 1.400 millones de dólares. Crystallex ganó el laudo en compensación por la expropiación de sus activos en Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez.
A la batalla judicial, en la que también intervinieron inversores de la petrolera estatal venezolana, llegó el gobierno del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, quien desde sus inicios ha buscado obtener el control de CITGO.
El fallo de la corte de apelaciones confirmó la decisión de la corte en segunda instancia de que el control que el gobierno de Venezuela tiene sobre PDVSA era suficiente para permitir que Crystallex se anexara activos de CITGO para satisfacer el laudo arbitral, según escribió el juez Thomas Ambro en su decisión.
“Venezuela y los tenedores de bonos no rebatieron sustancialmente el fallo de la corte del distrito de que [Venezuela] controlaba ampliamente a PDVSA”, explicó el juez Ambro en el fallo.
La corte de apelaciones permitió que los abogados del gobierno interino de Juan Guaidó intervinieran en el caso. PDVSA está también siendo representada por abogados del gobierno interino, ya que Guaidó nombró una junta directive ad-hoc para la petrolera, la cual tomó las riendas de los litigios que tiene la empresa en EE.UU.
La decisión también afecta a los tenedores del bono PDVSA 2020, un bono de deuda pública, a quienes la petrolera prometió el 50% de los activos de CITGO como colateral de una deuda de casi ocho mil millones de dólares.
No se sabe aún qué acción tomarán los representantes de Guaidó, quienes podrían apelar la decisión y obtener una audiencia en banc, un recurso legal que contemplan el derecho estadounidense en donde todos los jueces de una corte escuchan el caso. Después de ahí, si esa audiencia vuelve a fallar en contra de Venezuela y deciden apelar tendría que ser en la Corte Suprema, según explicó a la Voz de América Russ Dallen, abogado y socio de la firma de inversores Caracas Capital.
Por su parte, Crystallex, que entró en quiebra después de las expropiaciones, aplaudió el fallo del juez. «Por mucho tiempo Venezuela se ha rehusado a compensar a Crystallex por la toma ilegal de sus activos», dijo el director general de la empresa en un comunicado.
Desde que el caso se llevó a Filadelfia, la minera ha intentado «repetidas veces» tener conversaciones con el gobierno interino de Venezuela para buscar un acuerdo de pago sin necesidad de que el país pierda parte de CITGO pero los representantes de Guaidó no han accedido, según dijo a la VOA una fuente con conocimiento del asunto.
¿Qué implicaciones tiene el fallo?
Crystallex no es el único caso. El fallo sienta un precedente que puede ser utilizado en otros juicios en los que empresas buscan satisfacer las deudas que PDVSA o Venezuela tienen con ellas.
Este fin de semana, por ejemplo, la compañía estadounidense de fabricación de envases Owen Illinois, llevó ante la corte el impago de una deuda de 600 millones de dólares y pide también anexarse parte de los activos de CITGO.
El problema es que la deuda acumulada de Venezuela y PDVSA, incluyendo los laudos arbitrales, es mayor que el valor de CITGO.
“CITGO tiene un valor de entre cinco y diez mil millones dólares”, explicó Dallen, “no va a haber suficiente y todo el mundo está tratando de saltar antes de que se acabe. Es algo como el que llega primero, come primero”.
“Sin una orden ejecutiva de la Administración Trump que proteja a los activos de Venezuela de los acreedores, lo más probable es que se pierda CITGO, lo cual sería un evento negativo para la política de apoyo a Guaidó”
Por su parte, Francisco Monaldi, investigador y profesor en la Rice University en Houston, Texas, dijo a la VOA que lo único que podría evitar que CITGO cayera en manos de acreedores como Crystallex sería que el gobierno de EE.UU emitiera una orden ejecutiva para congelar los litigos contra Venezuela.
“Sin una orden ejecutiva (…) lo más probable es que se pierda CITGO, lo cual sería un evento negativo para la política de apoyo a Guaidó”, dijo Monaldi a la VOA en un email .
Esta es la misma lectura que ha hecho desde principio de año el gobierno interino de Guaidó, el cual ha pedido en repetidas veces al gobierno de EE.UU. que se emita esta medida. Sin embargo, según informó el portal Bloomberg, fuentes cercanas a la Casa Blanca dicen que es improbable que se el presidente Donald Trump firme una orden de ese tipo.
