En una carrera contra el reloj, los abogados del barranquillero Álex Saab alcanzaron a interponer un recurso en el que impugnan la extradición del señalado presunto testaferro de Nicolás Maduro.
El documento, firmado por el abogado João do Rosário, se basa en el mismo argumento: que a Saab le violaron la inmunidad diplomática por su calidad de agente especial del gobierno bolivariano de Venezuela. Por eso, dicen que su detención, el pasado 12 de junio, fue ilegal.
Según el portal Noticias do Norte, el escrito fue presentado a última hora y lo elaboraron tres abogados extranjeros de renombre, junto con João do Rosário.
Para finalizar el documento, los abogados se desplazaron hasta la ciudad de Mindelo, para radicarlo en el Tribunal da Relação do Barlavento. En esa ciudad Saab, de 48 años, permaneció detenido hasta la semana pasada, cuando fue remitido a la Isla de Sal.
La impugnación le será entregada a un magistrado ponente que tiene 10 días para resolverla. Después de ese fallo, Saab o el Ministerio de Justicia (dependiendo de la decisión) podrán apelar.
Estas garantías procesales dilatarán la extradición al menos hasta agosto, imprimiendo mayor presión a este caso.
Horas antes de que venciera el plazo para impugnar la extradición, el abogado caboverdiano Arnaldo Silva reveló que declinó hacer parte de la defensa del señalado testaferro de Nicolás Maduro porque su país no reconoce la legitimidad de Venezuela dentro de ese proceso.
“Me contactaron para ser su abogado, pero les informé que no es posible porque procesalmente el Gobierno de Venezuela no tiene legitimidad para ningún tipo de intervención en el proceso”, explicó Silva a la agencia Efe.
Si la postura del abogado es la misma del Ejecutivo y de los tribunales de Cabo Verde, la extradición de Saab a Estados Unidos sería un hecho.
Incluso, este jueves trascendió que Saab, agente especial del gobierno bolivariano de Venezuela, ya habría enviado un mensaje a agentes federales sobre su propósito de colaborar con la justicia a cambio de una sustancial rebaja de su pena dentro del proceso que se le sigue por el balanqueo de cerca de 300 millones de dólares a través de casas subsidiadas por el régimen.
