El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, sancionó este martes una ley dirigida a garantizar la protección integral de la niñez al establecer «un mecanismo de prevención de cualquier tipo de violencia contra los menores de edad».
Se trata del proyecto de Ley 567 que crea un Sistema de Garantías y de Protección Integral de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, aprobado el pasado 11 de enero por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) y tildado por Unicef «como una deuda histórica del país» con los niños.
«Esta nueva ley eleva nuestros estándares de atención a los derechos de niñas, niños y adolescentes, para impulsar su crecimiento y desarrollo integral dentro del ámbito familiar, comunitario y social», dijo el presidente Cortizo a través de un comunicado de la Presidencia.
La ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo, afirmó por su parte «que el gran valor del Sistema Integral de Protección es articular las leyes, planes y políticas existentes alineando en una visión conjunta a todas las instituciones que tienen responsabilidad en esta materia».
El especialista en Política Social de Unicef Jorge Giannareas dijo a Efe en enero pasado que con la Ley 567 era una «deuda histórica» con la niñez, y alertó que su implementación imponía «retos mayores que los de su aprobación legislativa» que, resaltó, «tomó demasiado tiempo», pues «el primer proyecto se presentó en el 2007».
Giannareas indicó que era «imperativo» que en el corto plazo y tras la sanción presidencial, el Ejecutivo expidiera la reglamentación de la ley «y más importante aún» se dotara «a las instituciones competentes de los recursos del presupuesto para su implementación».
Se requerirá entrenar profesionales para la aplicación de la ley, «y que haya una voluntad constante de trabajar de una manera articulada, es decir, que todos los ministerios piensen que la ley debe implementarse como una de sus prioridades», afirmó el experto de la ONU.
La nueva ley establece «una manera de gobernanza de las políticas públicas de infancia de manera que las autoridades tengan la obligación de garantizar los derechos» a todos los niños y no solo a algunos, como ahora ocurre, aseveró Giannareas.
Es así que una de las expectativas a mediano plazo derivada de la implementación de la ley es que haya «resultados significativos sobre la reducción de las privaciones que sufren los niños en distintas partes del territorio», precisó el especialista.
A largo plazo, de lo que se trata es de garantizar el crecimiento y desarrollo de los niños a través de políticas públicas basadas en la evidencia y administradas de manera transparente y con la debida rendición de cuentas, agregó.
«Una cosa que no hay que perder de vista es que una ley marco, que busca garantizar derechos, tiene como propósito fundamental la prevención. Lo que causa titulares, escándalos, son las privaciones de los derechos de los niños, el abuso, la explotación, y la ley lo que está dirigida es a prevenir que esas cosas ocurran», destacó Giannareas.
Esta iniciativa legislativa germinó tras el escándalo de abusos sexuales y maltrato a menores en albergues supervisados por el Estado que estremeció al país y provocó protestas en 2021.
