Informe especial de El Nuevo Herald de Miami
En una nota firmada por el periodista Antonio María Delgado se asegura que la constructora brasileña Odebrecht destinó decenas de millones de dólares para financiar ilícitamente campañas del chavismo en Venezuela a cambio de obtener contratos por más de $35,000 millones para obras que al final no se construyeron, en uno de las mayores tramas de corrupción registradas en la historia de América Latina.
Y el gobernante Nicolás Maduro estaba en el centro de esta operación, argumentó la fiscal general de Venezuela en el exilio, Luisa Ortega Díaz, durante la audiencia realizada el jueves en el juicio que sigue a Maduro el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio.
El régimen destinó más de $35,800 millones y más de 2,370 millones de euros a la contracción de sólo 11 obras que nunca se construyeron, resaltó la fiscal en la audiencia sostenida simultáneamente por teleconferencia desde el Senado de Colombia y la Alcaldía de la Ciudad de Doral.
“Esto es cuatro veces las reservas internacionales de Venezuela al día de hoy […] Imagínense la cuantiosa suma que tuvo que pagar Venezuela a Odebrecht por estas obras”, que no se concluyeron.
Y lo poco que se construyó ya no se puede volver a usar en un futuro, o reiniciar las obras, porque sufren daños estructurales debido al abandono.
“Ya no sirven, están oxidadas […] son estructuras enfermas, dañadas por el agua, las condiciones climáticas y la exposición del tiempo. […] Esto ya no sirve, o sea que el país perdió todo ese dinero”, manifestó Ortega.
A cambio, Odebrecht financió campañas del chavismo, aportando dinero que era en ocasiones entregado en maletas repletas de dólares.
Al llegar la elección presidencial en la que compitió Maduro, el gobernante le solicitó a la firma brasileña que le pagara una contribución de $50 millones de dólares, pero Odebrecht terminó desembolsando sólo unos $35 millones.
A cambio de ello, Maduro se comprometió que al asumir la presidencia le daría trato preferencial a Odebrecht en toda futura obra de construcción, además de garantizar la continuidad de las obras que la compañía no había culminado.
Entre otras cosas, Maduro se comprometió a garantizar a la empresa un flujo de ingresos de $2,500 millones al año, el desembolso de pagos pendientes y priorizar a la compañía en la asignación de recursos financieros extraordinarios, dijo la fiscal en su presentación.
Y en lo que quizás tuvo el impacto más pernicioso para la nación, Maduro también prometió que las obras no serían supervisadas.
El juicio, que tiene previsto continuar el próximo lunes, aspira a establecer una sentencia en firme sobre uno de los más sonados casos de corrupción en Venezuela, aunque no es el único esquema bajo el cual el país ha llegado a un estado de pobreza extrema.
Maduro no reconoce la autoridad de Ortega ni del TSJ, y su régimen nombró ilegalmente su propio fiscal y magistrados, pero aún está por verse si la comunidad internacional, que desconoce mayoritariamente la legitimidad del gobernante, termina respetando el dictamen final.
Por el momento, el TSJ emitió a INTERPOL una orden de captura de Maduro bajo cargos de corrupción. La organización policial internacional aún no se ha pronunciado sobre esa solicitud.
Al comienzo de la audiencia, el presidente del TSJ, Miguel Ángel Martín, advirtió que en Venezuela “existe una crisis institucional que está afectando la normalidad de los ciudadanos y de la sociedad en general”.
“Ahora se ha presentado un arma letal, que es la desesperanza para bajar las luchas por la democracia y la libertad que está realizando con mucha fortaleza y altura el pueblo de Venezuela”, manifestó Martín.
El presidente del tribunal también consideró que hay “un vacío institucional” en el poder ejecutivo, por lo que llamó a los diputados de la Asamblea a llenarlo e iniciar “el proceso de transición que permita volver a la estabilidad y al Estado de Derecho”.
A la audiencia realizada en Bogotá sólo asistieron algunos de los magistrados, mientras que varios de ellos siguieron las sesiones por teleconferencia desde la alcaldía de Doral.
Del total de magistrados en el exilio, 13 están en Estados Unidos, seis en Chile, cuatro en Colombia y otros cuatro en Panamá.
