EL NACIONAL
En 2019, un niño venezolano fue abandonado por su madre en Colombia cuando tenía solo 3 años. Ha permanecido bajo la custodia del Instituto de Bienestar Familiar de ese país desde entonces, mucho más de lo que permite la ley. Ahora su tutor designado ha decidido solicitar a un tribunal que convierta al pequeño en ciudadano, un primer paso para darlo en adopción. Sin embargo, en Venezuela parte de su familia lo quiere de vuelta.
Funcionarios de la agencia informaron a un tribunal que hicieron todo lo posible para encontrar a la madre y no lo lograron. Tampoco pudieron ubicar a familiares en Venezuela para cuidarlo. El juez Jorge Enrique Ibáñez Najar estuvo de acuerdo y escribió que «la familia materna no tiene interés en ser contactada ni cuidar al niño».
Pero una investigación del Washington Post cuestiona las afirmaciones del gobierno colombiano. A los reporteros de dicho medio les tomó menos de una semana usar Facebook para identificar y contactar a los familiares del niño en Venezuela y también a su madre en Bogotá. Todos dijeron que querían recuperar al pequeño, que ahora tiene 6 años de edad.
En un pequeño pueblo de Punto Fijo, la ciudad natal del niño, una tía, una bisabuela y un primo que lo cuidaban cuando era un bebé aseguran que nunca fueron contactados por las autoridades del gobierno colombiano y ninguno sabía sobre el caso judicial.
Este pequeño es uno de los más de 1.200 niños venezolanos atrapados en un sistema de bienestar infantil que no ha querido o no ha podido encontrar a sus familias. La falta de relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela dejó a estos menores de edad en un limbo legal, algo que podría cambiar bajo el gobierno de Gustavo Petro, quien ya ha tenido acercamientos con la administración de Nicolás Maduro.
Hijo de una madre adolescente
Cuando el niño nació su madre era una adolescente de 16 años, quedó embarazada de un vecino 10 años mayor que ella, por lo que dependía de su madre para criar a su bebé. Pero 4 meses después de su nacimiento, la abuela del pequeño murió en un accidente automovilístico y su deceso en 2016 golpeó a la familia justo cuando la crisis económica de Venezuela estaba fuera de control. La joven decidió unirse a las multitudes que cruzan la frontera hacia Colombia.
Esta mujer encontró trabajo ocasional en los clubes nocturnos de Bogotá, pero a menudo no ganaba lo suficiente para pagar el alquiler diario, relató a The Washington Post bajo condición de anonimato.
Aseguró que no era vida para un niño, por lo que a finales de 2019 lo dejó bajo el cuidado de una amiga, Sorleidys Alcalá. Un mes y medio después, no le enviaba dinero para el bebé ni contestaba llamadas.
Una trabajadora social instó a Alcalá a entregar al niño a las autoridades y una mañana de noviembre de 2019 lo trasladó a una oficina en Bogotá y vio cómo se lo llevaba una pequeña camioneta blanca. «Quería ayudarte más», escribió en una publicación de Facebook con una foto del niño, un último esfuerzo por comunicarse con su madre.
El padre del niño dijo que una vez trató de visitar una oficina de bienestar infantil en Bogotá, pero que su nombre no estaba en el acta de nacimiento de su hijo y no pudo encontrar información sobre el caso.
Un paso para la adopción
El niño había pasado casi dos años viviendo con una familia adoptiva y en un hogar grupal de Colombia cuando su caso llegó a la corte constitucional.
El tutor había presentado una demanda pidiendo que se le concediera la ciudadanía colombiana al niño. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia dijo que pidió ayuda a la oposición liderada por Juan Guaidó, que ocupa la Embajada de Venezuela en Bogotá, para localizar a la familia del niño. El ministerio dijo que la oposición nunca respondió.
El asesor legal de la embajada, Zair Mundaraín, tras ser consultado por The Post, no dijo si había recibido una solicitud oficial de la Cancillería colombiana.
En julio, la corte constitucional le dio a la agencia de bienestar infantil tres meses para agotar todos los recursos para encontrar a la familia. De lo contrario, dijo, el niño podría ser colocado en el sistema de adopción.
Pero los funcionarios de Colombia y de todo el mundo se han esforzado por definir qué significa agotar todos los recursos y decidir si la carga de reunificar a las familias debe recaer en la familia del niño o en el gobierno.
José Ángel Rodríguez Reyes, miembro del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, dijo que la adopción debe considerarse como último recurso, pues es “cuando se sabe con un nivel significativo de certeza que, de hecho, el niño no tiene parientes .”
La madre del niño, que vive en un departamento estrecho en un barrio de bajos recursos de Bogotá, no sabía que su hijo era objeto de un caso ante el tribunal supremo del país hasta que The Post lo informó. Vive con una pareja de 43 años y su tercer hijo de 9 meses. Los nombres de sus otros dos hijos están tatuados en sus brazos. Ella dijo que había asumido que su hijo había sido adoptado.
Las tías, primas, tías abuelas y bisabuela del niño dicen que desearían haber podido hacer más para mantenerlo con la familia, pero no sabían cómo contactar a su madre. El dinero para viajar era limitado y la pandemia hizo todo más difícil.
La tía abuela del niño confía en que podría cuidarlo. Ella tiene una habitación libre para el niño, y asegura que gana lo suficiente como para mantenerlo.
