Fiscales estadounidenses revelaron el 19 de noviembre cargos contra un magnate venezolano de los medios de comunicación cercano al gobierno socialista del presidente Nicolás Maduro.
Raúl Gorrín fue acusado de pagar 159 millones de dólares en sobornos a altos funcionarios a cambio de lucrativas operaciones con divisas extranjeras y de esconder los beneficios en propiedades de lujo en Manhattan y Florida.
No estuvo claro por qué las acusaciones de lavado de dinero y corrupción en el extranjero contra Gorrín, que tenían tres meses de antigüedad, fueron reveladas el lunes. Un documento judicial separado dijo que ahora estaba considerado prófugo.
Gorrín se convirtió en presidente de Globovisión poco después de que él y otros adquirieran la popular cadena televisiva en 2013 y suavizaran su cobertura antigubernamental.
Desde el 2010 aproximadamente, Gorrín habría pagado sobornos a dos funcionarios financieros venezolanos a cambio del derecho a realizar transacciones en divisas para el gobierno, dijo la fiscalía de Miami en un escrito de acusación en agosto.
El empresario también pagó supuestamente los gastos relacionados con tres aviones y los servicios veterinarios para varios caballos de competición, además de mediar en la compra de un yate de 4,35 millones de dólares.
Un abogado de Gorrín no respondió de inmediato a un correo electrónico pidiendo comentarios.
La élite «boliburguesa»
Gorrín es el más conocido de la llamada élite “boliburguesa”, cuyas enormes fortunas amasadas durante la revolución bolivariana del fallecido expresidente Hugo Chávez han sido escrutadas por la fiscalía estadounidense.
Pero al contrario que otros con conexiones en el gobierno, que han mantenido un perfil bajo, él intentó utilizar su influencia como magnate de los medios de comunicación para servir de posible puente con el gobierno de Donald Trump, consiguiendo incluso una fotografía robada de un apretón de manos con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, durante una visita a Florida el año pasado.
La acusación solicita la incautación de 24 propiedades en Florida y Nueva York supuestamente ligadas a Gorrín, incluyendo un ático en Manhattan de amplios ventanales que se vendió hace un año por más de 18 millones de dólares.
“Se espera que la pérdida potencial de millones de dólares en sus activos en Estados Unidos añada algo de urgencia a los esfuerzos de Gorrín por encontrar una estrategia de salida para desligarse de Venezuela y del mundo del régimen de Maduro”, señaló Russ Dallen, socio gerente del banco de inversión Caracas Capital, con sede en Miami.
Los rígidos controles de divisas en vigor en Venezuela desde hace más de una década han sido el principal impulsor de la corrupción, permitiendo que unos pocos privilegiados compren divisas al gobierno al sobrevalorado tipo de cambio oficial y las revendan en el mercado negro obteniendo enormes beneficios al instante.
Según la fiscalía, el pago de Gorrín a los funcionarios se negoció supuestamente en Florida y se realizó a través de empresas registradas en Panamá y de cuentas bancarias del empresario en Suiza, además de un banco, que no fue mencionado por su nombre, que adquirió en República Dominicana.
Un destinatario, identificado en la acusación como “Funcionario Extranjero 1”, aparece descrito como un funcionario de alto rango con influencia sobre el Tesoro venezolano entre 2007 y 2010. Esas fechas coinciden con el mandato de Alejandro Andrade, un exguardaespaldas de Chávez que ascendió hasta convertirse en tesorero nacional.
Según el documento, la misma persona está acusada de presentar a Gorrín y al “Funcionario Extranjero 2” y a su esposo _ un co-conspirador no identificado _ para continuar con la trama entre 2011 y 2013. Esas fechas coinciden con la etapa de Claudia Díaz, quien en su día fuera enfermera de Chávez, al frente del departamento.
Tras dejar el cargo, Andrade se trasladó al sur de Florida, donde adquirió una lujosa granja de caballos en Wellington, un exclusivo enclave conocido por sus caballos.
Díaz fue detenida en abril en España junto a su esposo, otro exguardaespaldas de Chávez. La pareja está intentando evitar su extradición a Venezuela, donde enfrentan cargos por lavado de capitales.
Por otra parte, Gorrín también está siendo investigado en un caso que implica a varios empresarios conectados con el gobierno por el lavado de 1.200 millones de dólares de la empresa petrolera estatal PDVSA.
Aunque no aparece mencionado por su nombre en la acusación de julio, dos personas conocedoras del caso dijeron que Gorrín es “Conspirador 7”, a quien el documento judicial describe como el multimillonario propietario de una televisora venezolana.
Matthias Krull, un banquero suizo que colabora con la fiscalía en el caso, dijo bajo juramento que “Conspirador 7” le presentó a dos hombres identificados en los documentos judiciales como “Los Chamos”, quienes según las dos fuentes estadounidenses serían los hijos de una relación anterior de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, y, por lo tanto, hijastros de Maduro.
