El Departamento de Estado acusó el miércoles al presidente de Venezuela Nicolás Maduro de socavar aún más la democracia amenazando con enjuiciar a sus enemigos políticos por traición, algo que para el gobierno de Estados Unidos representa «otra ruptura» en el orden constitucional de la nación.
«Esta injusticia es sólo la más reciente en el esfuerzo sostenido del régimen de Maduro para socavar la democracia, reprimir la disidencia política y sembrar el miedo entre sus críticos», dice en un comunicado la vocera del Departamento de Estado, Heather Nauert. «La medida representa otra ruptura en el orden constitucional de Venezuela y desafía el hecho de que en las democracias, las ideas y opiniones no son delitos», señala el mensaje.
El gobierno de Maduro alega que los opositores del régimen son responsables por la decisión del presidente Donald Trump de imponer sanciones a la nación, y la nueva Asamblea Constitucional ha propuesto enjuiciarlos por traición, pese a las protestas internas y a la condena de los países de Occidente.
«La situación económica de Venezuela es el resultado de las políticas equivocadas y la corrupción del régimen de Maduro, que es responsable directamente del sufrimiento del pueblo venezolano», indica el comunicado del Departamento de Estado en relación a esas acusaciones.
«Estados Unidos condena el llamamiento de la ilegítima Asamblea Constituyente de Venezuela para los juicios de la oposición política, incluidos los miembros de la legislatura democráticamente elegida, por cargos de traición y presunta participación en la crisis económica de Venezuela», indica el comunicado.
Señala también que: «Esta injusticia es sólo la más reciente del esfuerzo sostenido del régimen de Maduro para socavar la democracia, reprimir la disidencia política y sembrar el miedo entre sus críticos».
El Departamento de Estado hace un nuevo llamado al gobierno de Venezuela a realizar «elecciones libres, justas y monitoreadas internacionalmente», le insta a «disolver la ilegítima Asamblea Constituyente, respetar la Constitución y a las autoridades de la Asamblea Nacional, ordenar la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, y atender las necesidades humanitarias del pueblo venezolano».
El pasado 25 de agosto el presidente Donald Trump aplicó «fuertes y nuevas sanciones» al gobierno de Maduro, que «prohíben los trámites de nueva deuda y patrimonio emitidos por el gobierno de Venezuela y su empresa petrolera estatal». También prohíben «las transacciones en ciertos bonos existentes propiedad del sector público venezolano, así como los pagos de dividendos al gobierno de Venezuela».
