EE.UU. advirtió este viernes que los principales abusos de los derechos humanos ocurridos en Venezuela durante el pasado año fueron «el uso sistemático y politizado del poder judicial», así como la persecución «selectiva a los críticos» del Gobierno y la restricción a la libertad de expresión y de prensa.
Según el informe anual sobre derechos humanos publicado este viernes por el Departamento de Estado, Venezuela sufre especialmente de «acción policial indiscriminada contra civiles» y «detenciones arbitrarias generalizadas», además de episodios de «privación ilícita de la vida y tortura».
«El Gobierno arrestó y encarceló a figuras de la oposición y mostró poco respeto por la independencia judicial o generalmente no permitió que los jueces actuaran de acuerdo con la ley sin temor de represalias», apunta el documento, correspondiente a 2016.
«A veces el Gobierno bloqueó medios de comunicación y hostigó e intimidaba a cadenas de televisión de propiedad privada, otros medios de comunicación y periodistas a lo largo del año usando amenazas, multas, confiscaciones de bienes, arrestos, investigaciones criminales y procesamientos», agrega.
Asimismo, el informe se hace eco de las denuncias de organizaciones no gubernamentales (ONG) y medios de comunicación «de ejecuciones extrajudiciales por parte de la policía y las fuerzas de seguridad, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes».
Además, Estados Unidos destaca las condiciones penitenciarias «severas y potencialmente mortales» y «la falta de derechos de debido proceso que contribuyeron a la violencia generalizada, disturbios, lesiones y muertes en las cárceles».
El informe insiste en el «abuso contra presos políticos», además de la «interferencia» gubernamental con los derechos de privacidad, la «falta de respeto del Gobierno por la libertad de reunión» y la falta de protección para los migrantes colombianos».
En Venezuela existe «corrupción en todos los niveles de gobierno», así como «amenazas contra las ONG nacionales», casos de violencia contra las mujeres, discriminación en el empleo basada en la preferencia política y restricciones al derecho de asociación de los trabajadores.
«El Gobierno tomó en ocasiones medidas para castigar a funcionarios gubernamentales de rango inferior que cometieron abusos, pero hubo pocas investigaciones o enjuiciamientos de altos funcionarios del gobierno», añade el informe.
«La impunidad -insiste- sigue siendo una grave preocupación en las fuerzas de seguridad».
