La Corte Suprema dio luz verde este lunes al Gobierno de Donald Trump para acabar con el Estatus de Protección Especial (TPS, por sus siglas en inglés) que protege de la deportación a más de 350.000 inmigrantes venezolanos en Estados Unidos.
El tribunal, de mayoría conservadora, aprobó una solicitud de emergencia presentada por el Gobierno para seguir adelante, mientras el caso se litiga en los tribunales, con su revocación de la decisión tomada a finales de su mandato por el expresidente demócrata Joe Biden para extender esta protección temporal.
La breve nota difundida este lunes por la corte señalaba que la jueza progresista Ketanji Brown Jackson se oponía a la decisión. El caso sigue ahora en tribunales inferiores, pero el dictamen de la Corte Suprema abre la puerta a la deportación de miles de inmigrantes.
Como consecuencia de la inestabilidad política en Venezuela por el régimen de Nicolás Maduro, Biden decidió en marzo de 2021 que los ciudadanos venezolanos podían acogerse al TPS en el marco de un programa federal que existe desde 1990 para proporcionar ayuda humanitaria a personas procedentes de países asolados por guerras, desastres naturales u otras catástrofes.
Las personas aceptadas en el programa tienen estatus legal en el país y pueden obtener autorización de trabajo durante un máximo de 18 meses, sujeto a prórrogas.
Lo que estaba en juego ante la Corte Suprema era una designación posterior realizada en octubre de 2023 y prorrogada en enero, justo antes de que Trump asumiera el cargo. Estaba previsto que expirara en octubre de 2026, pero en febrero, tras la toma de posesión del nuevo Gobierno, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció la anulación de la extensión del TPS, lo que significaba que las protecciones para 350,000 venezolanos acabarían en abril.
Un juez del Distrito Norte de California bloqueó la medida, citando su preocupación de que la decisión se hubiera basado en parte en animadversión racial. La suspensión fue validada después por la La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, y el Gobierno recurrió entonces ante la Corte Suprema.
El procurador general, D. John Sauer, escribió en la solicitud de emergencia presentada por la Administración que las cortes no tienen jurisdicción para revisar o anular la decisión de Noem.
“La orden judicial contraviene las prerrogativas fundamentales del poder ejecutivo y retrasa indefinidamente las decisiones políticas sensibles en un área de la policía de inmigración que el Congreso reconoció que debe ser flexible, rápida y discrecional”, aseguró.
