Gustavo Ocando Alex (VOA)
La Corte Suprema del Reino Unido inició este lunes una ronda de audiencias de cuatro días sobre quién tiene la competencia sobre 31 toneladas de oro venezolano resguardadas en el Banco de Inglaterra: si el gobierno de Nicolás Maduro o el despacho del líder opositor Juan Guaidó.
Los cinco magistrados de la más alta corte judicial británica escucharán entre lunes y jueves los argumentos de los abogados de ambas partes para decidir sobre la exigencia del poder ejecutivo de Maduro de repatriar esa cantidad de oro, valorada en 1.000 millones de dólares y que forma parte de los 400.000 lingotes venezolanos que, en total, están resguardados en la entidad inglesa.
Desde hace más de un año, existe un litigio con implicaciones económicas y políticas en cuanto a quién le compete la administración de ese oro: si al Banco Central de Venezuela, afín al poder ejecutivo de Maduro; o al llamado gobierno interino de Guaidó, considerado presidente interino por 50 países.
La oposición venezolana asegura que Maduro es un presidente ilegítimo desde enero de 2019 y afirma que Guaidó, presidente del Parlamento entonces, ocupó su cargo de manera interina tras la “usurpación”. El mandatario izquierdista, sin embargo, aún ejerce el control territorial y del poder ejecutivo en Venezuela.
Maduro ha acusado al gobierno británico de “secuestrar” esas toneladas de oro, pertenecientes a las reservas internacionales venezolanas. Guaidó, reconocido como presidente por la secretaría de Asuntos Foráneos del Reino Unido desde febrero de 2019, defiende que esos lingotes deben administrarlos la directiva ad hoc del Banco Central que nombró el Parlamento electo en 2015.
La corte británica explicó la semana pasada que buscará determinar “si el gobierno británico ha reconocido al presidente interino Guaidó como jefe de Estado de Venezuela y, en caso afirmativo, si cualquier impugnación de la validez de los nombramientos hechos por Guaidó en la junta del Banco Central de Venezuela es justiciable en un tribunal inglés”.
El gobierno británico emitió este lunes un comunicado sobre el asunto, favorable a Guaidó. “El gobierno del Reino Unido tiene claro que Juan Guaidó ha sido reconocido por el Gobierno de Su Majestad desde febrero de 2019 como el único presidente legítimo de Venezuela. Él es la única persona reconocida con autoridad para actuar en nombre de Venezuela como su jefe de Estado”, reflejaba el texto, según el despacho de comunicaciones del líder opositor.
Entre dinero y reconocimiento
El caso tiene implicaciones políticas, geopolíticas y financieras de alto perfil, advierte Aldo Contreras, especialista en relaciones económicas internacionales.
“No es poca cosa. Esos 1.000 millones de dólares representan 16 por ciento de las reservas internacionales de Venezuela, que hoy están en su nivel más bajo”, en 6.199 millones de dólares, explica el profesor a la Voz de América.
Puntualiza que el litigio es clave en la guerra diplomática de reconocimiento de Maduro o Guaidó en la arena internacional. “Los venezolanos necesitan hoy más que nunca ese dinero para fortalecer su moneda y para hacer inversiones”, apunta, preocupado, eso sí, por la transparencia de su uso por ambas partes.
Las audiencias de la Corte Suprema británica podrían desarrollarse en dos sentidos, según Luis Angarita, profesor de la Universidad Central de Venezuela, también experto en relaciones económicas internacionales: o el poder judicial termina determinando la política exterior del Reino Unido; o, por el contrario, la ruta diplomática es la que determinará el fallo definitivo de la justicia local.
“Lo que decida el tribunal puede determinar la política exterior (del Reino Unido). El gobierno británico pudo haber reconocido en algún momento la figura de Guaidó como presidente encargado, pero persiste un conjunto de reconocimientos indirectos a la cancillería de Jorge Arreaza”, el ministro de relaciones exteriores de Maduro, advierte Contreras a la VOA.
El docente resalta que lo que más interesa a Maduro, aún por encima del oro, es minar el reconocimiento de Guaidó en la palestra mundial. Para ello, Arreaza ha emprendido “un esfuerzo maratónico de largo aliento”, dice.
Contreras subraya que las audiencias de esta semana son las fases finales del litigio sobre la demanda del BCV madurista sobre las 31 toneladas de oro.