La Comisión de la Verdad de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, anunció el miércoles que iniciará una investigación contra los líderes opositores “responsables de la convocatoria y organización» de las protestas contra el presidente Nicolás Maduro entre abril y julio, abriendo la posibilidad de encarcelarlos.
«Hemos decidido abrir una investigación a los responsables de la convocatoria y la organización de estos hechos violentos», dijo la presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez, durante la instalación de la «Comisión de la Verdad», conformada por 13 miembros, tres de los cuales deben ser designados por el Congreso, de mayoría opositora.
La Comisión solicitó el miércoles al Consejo Nacional Electoral (CNE) de ese país, la lista de postulados a cargos de gobernador para determinar si “están incursos en algún hecho de violencia que haya afectado la paz”.
“Esta Comisión será cuidadosa de prevenir que exista algún postulado que haya estado incurso en la violencia con fines políticos” dijo Rodríguez.
De este modo, la Comisión de la Verdad decidirá quienes podrán participar como candidato en las elecciones regionales.
Varios de los candidatos de la oposición para las elecciones regionales, que fueron adelantadas para el mes de octubre, son parlamentarios y dirigentes que lideraron las manifestaciones antigubernamentales.
En las próximas horas la Mesa de la Unidad Democrática, alianza de partidos de oposición, se pronunciará en referencia a “las elecciones regionales, la lucha de calle y hacer un llamado a los venezolanos”.
Persecución contra parlamentarios
Agencias de inteligencia allanaron la vivienda de Luisa Ortega, fiscal general destituida por la ANC y de su esposo, el parlamentario chavista Germán Ferrer, un par de horas después de que el constituyente Diosdado Cabello exigiera una investigación por supuestamente liderar una “red de extorsión”.
Ni la fiscal ni su esposo, que también marcó distancia del gobierno durante los últimos meses, se encontraban en su residencia.
El fiscal general designado por la ANC, Tarek William Saab, aseguró haber recibido pruebas sobre supuestos delitos de extorsión, delincuencia organizada y legitimación de capitales, en los que habría incurrido el esposo de la fiscal destituida.
“Como el delito fue en flagrancia el ciudadano debe estar privado de libertad en custodia en su residencia (…) vamos a solicitarle a la ANC que inicie el procedimiento de allanamiento a su inmunidad parlamentaria”, dijo Saab en conferencia de prensa.
El presidente del parlamento de mayoría opositora, Julio Borges, aseguró que el procedimiento contra Ferrer es un acto de “persecución política”.
“Los únicos que pueden allanar la inmunidad a los diputados son los mismos parlamentarios. El procedimiento de hoy, es nulo, no existe. La ‘asamblea fraudulenta constituyente’ no puede imponer procedimientos o gobernar o tomar decisiones porque no pueden estar por encima de la Constitución del 99”, aseguró Borges en rueda de prensa.
En los últimos días, el Poder Judicial condenó a cinco alcaldes opositores acusándolos de no haber impedido que manifestantes antigubernamentales cortaran el tránsito en las calles de sus municipios.
