Unos cuarenta presos políticos del régimen de Nicolás Maduro enfrentan delicados estados de salud, según sus familiares, que pidieron al gobierno tomar medidas humanitarias.
El caso del concejal opositor Carlos García, que murió preso el 17 de septiembre tras enfrentar problemas de salud que no fueron atendidos, encendió las alarmas para los familiares de los presos políticos.
Carmen de Ramos, esposa de Alfredo Ramos, el único alcalde opositor encarcelado, dijo que su marido, que padece de un “corazón muy ‘recrecido’ debido a crisis hipertensivas que ha venido sufriendo durante estos 60 días de reclusión”, es uno de los casos que denuncian.
Ramos fue condenado hace 60 días por el Tribunal Supremo de Justicia a 15 meses de prisión; se le acusa de no impedir las manifestaciones antigubernamentales en el oeste de Venezuela.
La defensa, representada por Ana Leonor Acosta, pidió al gobierno evitar una tragedia. “Estamos pidiendo una medida humanitaria en la que se le pueda hacer su tratamiento y garantizarle su vida”, explicó.
Héctor Alejandro Zerpa, otro opositor preso, se cosió la boca, para forzar a sus carceleros a cumplir una orden judicial de traslado a un centro de salud para ser intervenido quirúrgicamente, revela su esposa, Esdanyelis Noriega.
“Tuvo que recurrir a la medida extrema de coser sus labios para que pudiera ser trasladado, habiendo ya una boleta de traslado desde de diciembre”, indicó.
La oposición exige la liberación de estos detenidos como parte de sus condiciones para acudir a una mesa de diálogo.
El gobierno insiste en que no se tratan de presos políticos y según el canciller venezolano, Jorge Arreaza, los casos estarían siendo utilizados como parte de una estrategia.
“Día tras días se vierten acusaciones sin fundamento sobre la situación de derechos humanos en Venezuela”, aseveró el canciller.
El miércoles en horas de la noche, un tribunal ordenó la libertad condicional a 27 estudiantes, aunque la policía hasta ahora no los ha liberado.
