La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó este viernes al Gobierno de Panamá mantener consultas periódicas con la sociedad civil para garantizar la protección de los derechos de los ambientalistas en el país.
Durante una audiencia pública de la CIDH sobre la situación de los defensores del derecho al medio ambiente en Panamá, la vicepresidenta primera del organismo, la jamaicana Margarette May Macaulay, recalcó la necesidad de esas reuniones para que la información fluya entre el Gobierno y los activistas.
Macaulay enfatizó la importancia de los diálogos e instó a las dos partes a que pusieran fecha nada más acabara la audiencia a la primera de sus reuniones periódicas, al tiempo que reconoció el «esfuerzo» por parte del Estado aunque exista «divergencia».
Por su parte, el comisionado James Cavallaro también subrayó la necesidad de una solución a través del diálogo y pidió explicaciones a Panamá por los casos de la isla de Pedro González y del Barro Blanco, presentados por los peticionarios, además de las amenazas a la periodista y ecologista Ligia Arriaga.
En la isla de Pedro González, en el Pacífico panameño, se han producido supuestas detenciones arbitrarias de varios moradores que se oponen a las condiciones de construcción de un proyecto ecológico y turístico en esa isla del archipiélago de Las Perlas.
En el occidente del país, por otro lado, los aborígenes han objetado la puesta en marcha de la generadora hidroeléctrica de Barro Blanco, construida sobre el río Tabasará y cerca al territorio de la comarca Ngabe Buglé.
A través de la ejemplificación de estos casos, la sociedad civil, que fue la peticionaria de la audiencia, denunció las amenazas y la persecución a activistas ambientales a través de «constantes violaciones de derechos humanos» y «una justicia selectiva que criminaliza la protesta», según Ileana Yahaira Molo Alvarado, de Red de Derechos Humanos de Panamá.
Osvaldo Jordan Ramos, de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD), se quejó de la falta de instancias de diálogo y consulta hacia las comunidades afectadas por los proyectos, a la vez que criticó que su Gobierno solo da explicaciones cuando acuden a instancias internacionales.
El Estado negó rotundamente el «retroceso» en derechos humanos y derechos de los defensores ambientales en el país y culpó a los problemas «heredados» en el trabajo con las mesas de diálogo.
Sin embargo, la directora general de Asuntos Jurídicos y Tratados del ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, Farah Diva Urrutia, se comprometió a respetar los derechos humanos y universales «por encima de cualquier interés de otra índole».
Por ello, apostó por el fortalecimiento de la institucionalidad medioambiental del país y por la normativa del medio ambiente y de la propiedad «bajo el mando de la igualdad».
Además, Urrutia aseguró que el Estado está comprometido con el principio de no recurrir a la violencia y mantener sistemáticamente mesas de diálogo y mesas técnicas para abordar cualquier conflicto de esta índole.
