El gobernador del céntrico estado Miranda y dos veces candidato a la Presidencia de Venezuela, Henrique Capriles, dijo este jueves que fue multado por la Contraloría por cometer supuestos delitos administrativos y señaló que con esta medida se busca allanar el camino para inhabilitarlo.
«Fuimos multados, nos declararon responsabilidad administrativa y ahora lo que viene, el siguiente paso, es un recurso de reconsideración» por parte de la defensa, dijo Capriles en rueda de prensa horas después de que la Contraloría General de Venezuela informara de su «responsabilidad» en las supuestas irregularidades.
«Nosotros cumplimos todas nuestras formalidades porque estamos haciendo nuestro expediente», explicó el gobernador que aseguró que la multa es «inaceptable» al tiempo que indicó que se trata del pago de 45.000 bolívares (unos 70 dólares) por funcionario multado.
Capriles informó el martes pasado de este proceso administrativo en su contra y acusó al Gobierno de Nicolás Maduro de usar a la Contraloría para agredirlo al tiempo que pidió que el caso sea enviado a la Fiscalía y a los tribunales competentes.
El gobernador indicó que hoy le envió «a todo el cuerpo diplomático» la información sobre todo este proceso en su contra «para que informen a sus gobiernos» de una situación que califica de ilegal e inconstitucional.
«Si yo cometí una irregularidad, reitero, mándenme a los tribunales, mándenme a Fiscalía, porque aquí no hay daño patrimonial», insistió este jueves.
El abogado del líder opositor, Rafael Chavero, dijo en la misma rueda de prensa que la decisión de multar a Capriles y a otro grupo de funcionarios de la Gobernación de Miranda fue anunciada hoy por representantes de la Contraloría de forma «oral» y que aún hay que esperar que sea publicada en los próximos cinco días hábiles.
Una vez que se haga pública esta penalización, la defensa ejercerá «los recursos pertinentes» para que se reconsidere este castigo pues, a juicio de Capriles y de su defensa, las irregularidades administrativas que le imputan «no existieron».
«Lo grave de hoy en esta decisión es que declararon la responsabilidad administrativa del gobernador y de varios funcionarios de la Gobernación del estado Miranda», explicó el abogado lo que significa que «en cualquier momento lo pueden inhabilitar» por cinco u ocho años.
Agregó que Venezuela tiene «una de las peores leyes de contraloría que hay en la faz de la tierra» que le permiten al contralor «decidir libremente, discrecionalmente, inhabilitar funcionarios».
Según Chavero este proceso es una «manipulación jurídica» que tiene como fin «fabricar una responsabilidad administrativa» para mantener al gobernador contra la pared y bajo la amenaza de la inhabilitación sin que previamente se realice un proceso judicial.
Más temprano, el contralor general de Venezuela, Manuel Galindo, dijo que Capriles tiene «responsabilidad» en supuestas irregularidades administrativas junto a ocho personas más y anunció que «cuando se tome la decisión definitiva en este caso» se dirá públicamente el castigo que recaerá sobre los investigados.
Capriles explicó ayer que las supuestas irregularidades tienen que ver con la reconducción del presupuesto, «dos convenios de cooperación internacional con Polonia y Gran Bretaña», un contrato televisivo, el supuesto pago de anticipos por servicios funerarios, y otros por el «ejercicio económico financiero en 2011.
