La principal cúpula empresarial de Panamá notificó este martes a la constructora brasileña Odebrecht su expulsión como miembro del gremio tras la revelación del pago de sobornos millonarios en más de 12 países, incluido Panamá, donde ejecuta obras que superan los 3.000 millones de dólares.
«El acatamiento de las leyes y cumplimiento de los principios éticos y morales, son convicciones de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), sobre las cuales se construyó nuestra organización. Cualquier incumplimiento con estos valores, es causal de expulsión», manifestó el presidente de la gremial, Jorge García Icaza.
El dirigente indicó en un comunicado que los empresarios exhortan y respaldan al Ministerio Público (MP-Fiscalía) y demás autoridades en las investigaciones, «en estricto apego al estado de Derecho, a fin de que se den a conocer los nombres de todos los involucrados y se castigue ejemplarmente a cada uno de los responsables».
«Así como el gremio más representativo del sector privado ha emprendido acciones contundentes en rechazo ante cualquier delito contra la administración pública, invitamos a todos los sectores de la sociedad a iniciar una cruzada contra la corrupción, que ponga fin a estos años de sobresaltos y debilitamiento institucional», enfatizó García Icaza.
Medio centenar de personas, entre ellos varios juristas panameños, pidieron hoy al MP-Fiscalía que revele los nombres de los funcionarios que presuntamente recibieron sobornos de la empresa Odebrecht.
La constructora brasileña se comprometió el pasado 12 de enero a pagar a Panamá 59 millones de dólares como fondo de garantía mientras se investigan sus sobornos a funcionarios de ese país.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos indicó en un informe difundido en diciembre pasado que Odebrecht desembolsó 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de América Latina y África, de los cuales 59 millones fueron pagados en Panamá entre 2009 y 2014, durante el gobierno de Ricardo Martinelli.
La empresa alcanzó también un acuerdo judicial con los Gobiernos de EE.UU., Brasil y Suiza para pagar multas que suman unos 2.047 millones de dólares.
Una Fiscalía Especial Anticorrupción creada el pasado 28 de diciembre está encargada exclusivamente de los casos de supuesta corrupción que involucran a Odebrecht, que emplea a unas 8.000 personas y en proyectos como la Línea 2 del Metro de ciudad de Panamá y la Renovación Urbana de Colón.
El Gobierno panameño vetó en diciembre pasado la participación de Odebrecht en nuevas licitaciones hasta que la empresa resarza al Estado y colabore con las investigaciones judiciales.
