La grave crisis política e institucional que vive Venezuela, sigue siendo tema de interés para el Gobierno de Estados Unidos, y este miércoles el Comité de Relaciones Exteriores del Senado discute el “el colapso del Estado de Derecho en Venezuela: lo que EEUU y la comunidad internacional pueden hacer para restablecer la democracia”.
En la audiencia propuesta por los senadores de los subcomités de Delincuencia Transnacional, Seguridad Civil, Democracia, Derechos Humanos y Asuntos Mundiales de la Mujer, asiste como invitado y testigo al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.
Almagro dio testimonio de la grave situación en el país, destacando que el presidente Nicolás “Maduro ha vetado la democracia, las separación de poderes, la garantías civiles en Venezuela”.
Asimismo, señaló que “el Poder Judicial en Venezuela ha violado el principio de asegurarle la justicia al pueblo”, y que “hacen falta sanciones a funcionarios y presión económica”.
Al ser cuestionado sobre las votaciones de varios paises en contra de una resolución definitiva para Venezuela que permita instar al presidente a buscar soluciones, Almagro señaló que las relaciones tan cercanas de negocios que el país suramericano tiene con algunos homólogos del Caribe, no les permite fijar una posición dura.
“La lógica del Gobierno es siempre encontrar a alguien que siga jugando con ellos, y si no funciona, habrá más represión”, dijo, y destacó que el escenario que pronostica es terrible para Venezuela.
Agregó que los dictadores aprecian las elecciones cuando saben que van a ganar, y no cuando están perdidos.
El senador Republicano, Marco Rubio, preside la discusión que inició a las 04:15pm de la tarde en la sede del Congreso estadounidense, y también ofreció declaraciones sobre el país.
“Diosdado Cabello, es mi perspectiva, es el Pablo Escobar de Venezuela”, dijo sobre el dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela.
Rubio conoce a fondo la política venezolana y ha sido uno de los promotores de aplicar sanciones a funcionarios públicos venezolanos que incurren en violaciones a los derechos humanos.
