El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, propuso el jueves que la Corte Penal Internacional (CPI) debe investigar las torturas a opositores en Venezuela con apoyo de agentes cubanos.
Los comentarios de Almagro fueron posteriores a la presentación en la sede de la OEA, en Washington, del informe anual del Instituto Casla, un centro de estudios sobre América Latina con sede en Praga, sobre Venezuela.
El reporte acusa al gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro de “represión sistemática” y de cometer “crímenes de lesa humanidad”.
Almagro dijo que el Instituto Casla descubrió nuevas pruebas sobre la metodología de la tortura en los centros clandestinos de Venezuela “bajo clara influencia cubana».
“El uso sistemático y generalizado de la tortura en Venezuela como parte del ataque contra quienes aspiran a recuperar derechos fundamentales y democracia constituye claramente un crimen de lesa humanidad que debe ser investigado de inmediato por la Fiscalía de la CPI”, declaró Almagro.
El secretario general de la OEA también destacó la falta de “garantías esenciales” para los ciudadanos en Venezuela, donde “el sistema judicial sirve solo a los intereses del régimen” y “las fuerzas de seguridad persiguen sistemáticamente a todo individuo que no obedezca al sistema dictatorial”.
“Incluso en las zonas urbanas al país, que tradicionalmente eran leales al régimen, ahora el gobierno está enviando las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la policía, así como a los ‘colectivos’ (grupos armados ilegítimos que apoyan a Maduro), para controlarlas e impedir con eso cualquier disenso”, agregó.
Precisamente en esas zonas se están registrando “miles de ejecuciones extrajudiciales”, señaló.
Almagro recordó que el informe de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) publicado en julio reportó 5.287 ejecuciones extrajudiciales en 2018 y 1.569 de enero a mayo de 2019, confirmando lo que la OEA ya había documentado en 2018.
En febrero de 2018, la CPI inició investigaciones preliminares sobre presuntos crímenes en Venezuela durante masivas protestas contra Maduro en 2017, que dejaron unos 125 muertos.
En un informe publicado el 5 de diciembre, la oficina de la fiscal de la CPI señaló que “a comienzos de 2020” espera finalizar su evaluación de los documentos aportados entre otros por la OEA y la ACNUDH.
