El parlamento panameño retomó hoy en el pleno el segundo de tres debates de un paquete de reformas electorales exigido por distintos sectores y cuya pertinencia aumentó tras el señalamiento contra el presidente Juan Carlos Varela por supuestamente recibir donaciones de Odebrecht.
La Asamblea Nacional informó en su cuenta de Twiter del inicio de la discusión del Proyecto de Ley 292 que reforma el Código Electoral, con la participación de magistrados del Tribunal Electoral (TE).
Este lunes, después de meses de estancamiento, los diputados decidieron retomar la propuesta y definieron una discusión en cinco bloques con una restricción de 15 minutos para las intervenciones.
El paquete de reformas fue aprobado en primer debate el pasado 5 de octubre en medio de críticas de organizaciones sociales porque los diputados elevaron el tope de la financiación privada en las campañas.
La iniciativa fue presentada por el órgano electoral y la llamada Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), integrada por autoridades del Tribunal Electoral, partidos políticos y representantes de la sociedad civil.
Sectores de la sociedad civil rechazaron que la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, en el primer debate, haya elevado a 5 dólares por elector el tope de financiación privada, establecido en 0,5 dólares por votante en la propuesta legislativa.
El segundo debate a este proyecto se había retrasado porque el pleno le dio prioridad a otros, como el de la ley para permitir la delación premiada (acuerdos de pena) en el sistema inquisitivo mixto, el marco procesal que rige para todos los delitos cometidos antes de septiembre de 2016.
El sector privado ha urgido al parlamento a avanzar con las reformas, especialmente después de que el presidente panameño, Juan Carlos Varela, fuera acusado a principios de mes por su exministro consejero Ramón Fonseca Mora de recibir donaciones de Odebrecht, la constructora brasileña implicada en un escándalo internacional de sobornos.
Fonseca Mora, socio de la firma Mossack Fonseca, epicentro de los llamados papeles de Panamá, lanzó este señalamiento a los medios de comunicación, el pasado 9 de febrero, poco antes de ser detenido preventivamente en Panamá como parte de una investigación relacionada con el caso Lava Jato en Brasil, que también vincula a la constructora brasileña Odebrecht.
El mandatario negó la acusación y al día siguiente reveló las donaciones que recibió durante su campaña, algo que la ley actual no exige, e invitó a sus contrincantes en las elecciones de 2014 a hacer lo mismo.
En esas circunstancias, la principal patronal, la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP), dijo que era «evidente» la necesidad de las reformas, «especialmente en el tema de las donaciones» para que «sean públicas y los políticos tengan que dar las explicaciones en caso de que surja algo que sea cuestionable», sostuvo el presidente encargado, Inocencio Galindo.
