Estados Unidos y Panamá firmaron este martes un memorándum de entendimiento para hacer más transparentes las licitaciones públicas, que implica, entre otras cosas, mejorar la capacidad de los funcionarios panameños para analizar con mayor precisión las ofertas de los distintos proveedores.
«Una de las debilidades que hemos encontrado en la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) es la falta de capacitación y de conocimiento, producto de lo cual se cometen una serie de errores tanto en los pliegos de cargo como en los informes de conducta», reconoció el director de la DGCP, Eduardo Corro.
La firma de este acuerdo implica la adhesión de Panamá a la Iniciativa Global de Licitaciones Públicas (GPI, por sus siglas en inglés), proyecto impulsado por el Gobierno de EE.UU. en 2013 que busca fomentar las contrataciones públicas basadas en la mejor relación calidad-precio en detrimento de las que se decantan solo por el precio más bajo.
«Lo barato sale caro. Dejarse llevar por el precio más barato muchas veces implica sacrificar calidad», apuntó, por su parte, el ministro consejero de la Embajada estadounidense en Panamá, Kevin O’Reilly.
Panamá es el octavo país del mundo en adherirse a esta iniciativa. Antes ya lo hicieron México, Colombia, Rumanía, Botswana, Etiopía, Vietnam y Filipinas, mientras que Turquía e India están en proceso de ratificarlo.
«Es mucho más fácil adjudicar una licitación en función del precio. Es la opción más defendible porque evita que los funcionarios sean acusados de corrupción y de inflar los precios, pero no siempre funciona», aseguró la directora de la GPI, Andrea Lupo.
Según Lupo, en la mayor parte de las economías emergentes el precio es el único factor que condiciona el otorgamiento de un contrato público, independientemente de la calidad del producto, de su tecnología o de su coste de mantenimiento.
La iniciativa estadounidense ayuda a los funcionarios de los países participantes a identificar los productos de mejor calidad y menor precio, y les instruye en el análisis de los costes de los ciclos de vida.
La firma de este memorándum, en palabras de Corro, «asegurará precios justos, calidad y competencia» en los procesos de licitación panameños e impulsará la participación de muchas más empresas, en especial las estadounidenses.
«Estados Unidos nunca ha dejado de participar, pero no participa en el nivel en el que nos interesa», admitió el funcionario panameño.
Según datos de la DGCP, el número de proveedores inscritos en procesos de contrataciones públicas en Panamá aumentó 15 % en 2016 con respecto a 2015 y alcanzó este año los 87.355 proveedores a nivel nacional.
El Parlamento de Panamá está pendiente de aprobar desde hace un par de años una reforma de la ley de contrataciones públicas (Ley 22), que entre otras cosas contempla la eliminación de las licitaciones abreviadas y la prohibición de participar en las licitaciones públicas para empresas condenadas por corrupción en Panamá.
A pesar de que el crecimiento económico de Panamá registra una clara tendencia a la desaceleración, el país sigue siendo el gran motor regional y sigue atrayendo grandes cantidades de inversión extranjera.
En 2015 su producto interior bruto (PIB) creció 5,8 %, mientras que en 2014 se expandió a un ritmo de 6,2 % y en 2013 a una tasa de 8,4 %.
