Carlos Ossa lleva años introduciendo ilegalmente a Panamá las únicas gotas que lograron calmar los dolores de la esclerosis múltiple que padece; no le funcionaron los medicamentos tradicionales del mercado y encontró en el aceite de cannabis un paliativo.
«Hoy en día me siento paciente, pero no enfermo. Tengo calidad de vida», relata a Efe desde el salón de su hogar, mostrando un frasco opaco sin etiquetas.
Ossa es uno de los impulsores civiles de la Ley de Uso Medicinal del Cannabis en Panamá, una norma inédita y la primera en Centroamérica, que ayudará al activista -y otros pacientes- a dejar de «jugársela» para adquirir su medicamento, legal en otros países, aunque aún está a expensas de ser reglamentada.
La ley 242 que «regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados y dicta otras disposiciones» fue sancionada por el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, el pasado octubre, tras aprobarse con cero votos en contra en el Parlamento.
A través de ella se crea un «marco regulatorio que permite el uso y acceso vigilado y controlado del cannabis medicinal y sus derivados con fines terapéuticos, médicos, veterinarios, científicos y de investigación en el territorio nacional», que pone al paciente como protagonista de la norma.
Así, la ley «norma el derecho que tiene todo paciente a acceder a un tratamiento de cannabis», establece «los mecanismos de control de todas las actividades reguladas por la ley», así como las normas de «seguridad, control, calidad y vigilancia de los productos» y promueve «el estudio y la investigación».
Panamá pasa así a formar parte del grupo de 13 países de América que legislan el cannabis, una iniciativa que ha arrasado con fuerza estos últimos años en la región con la aprobación de su uso -tanto terapéutico como recreativo- tras las innumerables evidencias científicas sobre las propiedades de la planta.
