La Red de Asociaciones de Pensionados y Jubilados de Venezuela en el Exterior (REDAPEJUVEX) DENUNCIA ante la opinión pública nacional e internacional las vergonzosas pensiones y jubilaciones que abona el Estado Venezolano a más de cinco millones y medio de personas mayores que equivale al 7% del total de la población; situación que también afecta a unos 20.000 pensionados y jubilados de Venezuela que residen en el Exterior.
Este incumplimiento por parte del Estado Venezolano es una flagrante violación de DDHH a las personas mayores, que aportaron durante toda su vida laboral, para tener en su vejez un ingreso digno y seguro.
Estos derechos, que son inalienables e imprescriptibles, están estipulados en los artículos 2, 3, 21, 23, 80, 86 y 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en las leyes en materia de seguridad social. Asimismo, con relación a los pensionados y jubilados en el exterior, las normas creadas en Venezuela para tramitar la transferencia al país de residencia fueron derogadas, incluso habiendo suscrito Venezuela acuerdos bilaterales en materia de seguridad social, impidiendo desde hace cinco años y ocho meses la tramitación y envío de remesas por concepto de pensiones y jubilaciones.
Adicional a esto se suma la problemática que se le ha generado a muchos Pensionados y Jubilados residentes en el exterior, por el bloqueo de cuentas del IVSS y de los bancos nacionales al no contar con mecanismos que permitan realizar cualquier trámite a través de apoderados y/o banca por internet.
Esto ha causado un deterioro en la calidad de vida de dicha población:
1) Respecto a los que viven en Venezuela, un 86.9 % vive en situación de pobreza crítica en cuanto a vivienda, alimentación y salud (Convite AC 20/08/2021)
2) Las personas mayores residentes en el exterior, poseedores de pensión y/o jubilación, se han visto en la necesidad de acudir a familiares y amigos así como a las ayudas pública (que no es mucha o no existe en la mayoría de los países) por el impago por casi 6 años de sus prestaciones e imposibilitados para trabajar debido a limitaciones legales o avanzada edad.
La situación que aquí denunciamos se puede definir con plena certeza como un caso de exterminio a una parte importante y muy vulnerable de la población venezolana. Según el Estatuto de Roma, suscrito y ratificado por Venezuela; se define el exterminio como “la imposición intencional de condiciones de vida, la privación del acceso a alimentos o medicinas entre otras, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población”; lo cual constituye una violación de DDHH y crimen de Lesa Humanidad.
Por todo lo expuesto, EXIGIMOS al Estado Venezolano:
1) Incremento de pensiones y jubilaciones a un monto equivalente al costo de la Canasta Básica Alimentaria calculado en divisas.
2) Reactivación de los canales necesarios para que pensionados y jubilados en el exterior puedan trasladar sus pensiones y jubilaciones al país de residencia y que la SUDEBAN autorice los trámites bancarios desde el exterior.
3) Reconocimiento de la deuda que desde el año 2015 existe con los pensionados y jubilados de Venezuela residentes en el exterior y establecer mecanismos para su pago.
4) Cumplimiento de los Convenios Internacionales en materia de Seguridad Social vigentes.
5) Suscribir los Convenios Internacionales de Seguridad Social y los acuerdos de aplicación pendientes.
A los veintiocho (28) días del mes de agosto de 2021
¡Juntos en la defensa de nuestros Derechos!
