Ingrid Bravo Balabú
@ingridbravob
Un nuevo ciclo de conversación entre actores del gobierno de Nicolás Maduro y miembros de la alternativa democrática mantiene a la expectativa no solo a los grupos internos de poder, sino también a la comunidad internacional, que aboga por una solución pacífica, mientras Venezuela se mantiene entrampada con la pandemia por casos de COVID-19 y el proceso de hiperinflación más largo de su historia.
Los procesos de negociación en el país no son nuevos. En los últimos 20 años, chavismo y oposición se sentaron en innumerables ocasiones. Al más controversial se le denominó “Mesa de Negociación y Acuerdos”, que contó con la facilitación del entonces secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), César Gaviria.
Si bien durante los casi tres lustros presidenciales de Hugo Chávez, sus adversarios denunciaron la aplicación de tácticas lesivas a los principios democráticos, fue con el ascenso de Maduro a la primera magistratura, en 2013, que la nación comenzó un proceso de deterioro evidenciado en: apagones, escasez de medicamentos, desabastecimiento de alimentos y productos de higiene personal y fallas en el suministro de agua, además de problemas en la distribución de combustible.
Por el Palacio de Miraflores pasaron jefes de partidos, líderes empresariales y representantes de la sociedad civil. En 2014 y 2017, luego de las jornadas masivas de protestas antigubernamentales, se retomaron las deliberaciones.
Trascendió que en el último periodo de manifestaciones, el oficialismo pidió el cese de estas acciones a cambio de elecciones. A los mandatarios opositores les correspondió juramentarse ante la extinta Asamblea Nacional Constituyente (ANC), institución que fue considerada írrita no solo por la oposición venezolana, sino por organismos multilaterales.
En 2019, surgió un liderazgo en la figura de Juan Guaidó, quien fue proclamado presidente interino y contó con el reconocimiento de más de 60 países. Aunque en más de una oportunidad descartó la posibilidad de negociar con Maduro, en mayo pasado presentó el “Acuerdo de Salvación Nacional”, que pone el acento en la celebración de elecciones libres y con observación internacional. También pide el ingreso de vacunas y de la ayuda humanitaria, al igual que un compromiso con la comunidad internacional.
Maduro le tomó la palabra al adversario, pero puso sus condiciones: levantar las sanciones contra funcionarios del alto gobierno, el reconocimiento de la AN escogida el 6 de diciembre y que se le devuelva el control de los activos de la República congelados en el exterior.
“No son las mismas condiciones”
Las condiciones de esta negociación no son las mismas del pasado. La imposición de sanciones y los procesos judiciales abiertos ante instancias internacionales a figuras importantes del chavismo, presentan un escenario diferente.
El consultor político David Rico aseguró que, esta vez, no se trata de un diálogo, mecanismo completamente distinto a la negociación. “Maduro es reconocido como un violador de derechos humanos y así lo evidencia el informe presentado por la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, es perseguido por tribunales extranjeros acusado de delitos contra la República e incluso, hay una recompensa, y también está a las puertas de una investigación por parte de la Corte Penal Internacional”, dijo.
La asesora en estrategia comunicacional, Laura Castellanos destacó que la incorporación de Guaidó a través de su acuerdo, es un elemento diferenciador. “Sin embargo, hay un problema, que no es una sola alternativa democrática, sino que varios grupos se presentan como oposición. Sobre el acuerdo presentado por Guaidó considero que el título no dice nada, es abstracto, no responde a una sociedad ansiosa, cansada. Se evidencia una desconexión entre la narrativa y la realidad de los venezolanos”, añadió.
Para Castellanos, una de las fallas comunicacionales más graves de los sectores contrarios a Maduro es la redacción de escritos “dirigidos a su gente, aliados, líder del partido, pero no para el resto de la población (…) El país seguirá entrampado, a menos de que el factor electoral introduzca un cambio”, apuntó.
A juicio de Rico, no se producirá un cambio político sin “un acuerdo democrático. Esto no es un diálogo para prolongar la agonía. Quizá el planteamiento electoral le permita a la oposición aglutinarse, que los líderes políticos retomen la comunicación con los ciudadanos”, indicó.
¿Es suficiente el acompañamiento de Noruega?
Castellanos se refirió a la presencia de una delegación de Noruega en el país. ”También vendrá una representación de la Unión Europea, Estados Unidos también jugará a estar allí .Este proceso de negociación debe tener una cara pública, pero no se puede ventilar todo aquello que surja de las deliberaciones. El problema de procesos pasados es que siempre hay fuga de información y esto genera desconfianza”.
La visión de la analista es similar a la de Rico, quien dijo que la prudencia y un manejo correcto de la comunicación garantizarían el éxito. “Los resultados de la deliberación sí debe ser público, lo que no debe serlo es el proceso de la, sería contraproducente contra la misma naturaleza de la negociación”, enfatizó.
De momento, el Consejo Nacional Electoral (CNE) mantiene su cronograma de cara a las regionales previstas para final de año. A la fecha, algunos líderes opositores han manifestado interés de acudir a la contienda, mientras que otros se mantienen fieles al principio de no acudir a ningún proceso comicial sin garantías mínimas.
