Varios venezolanos forman parte del grupo de asesores de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, quien en las últimas horas generó controversia por destituir, con el apoyo del Congreso, a un grupo de jueces de la Corte Suprema y al fiscal general de ese país.
En ese equipo, de acuerdo con medios locales, figuran Lester Toledo, Sara Hanna Georges y Miguel Arvelo. Además de Miguel Sabal, Juan Carlos Gutiérrez y Eugenia Vegas Rodríguez.
El medio El Salvador señaló que la Casa Presidencial mantiene como encargados de la mesa de crisis y pruebas del covid-19 a un grupo de venezolanos, según documentos a los que tuvieron acceso.
Los funcionarios estarían encargados de decidir sobre el procesamiento de pruebas de laboratorio y ordenarían no dar resultados a los pacientes. También dirigirían a funcionarios y empleados del Departamento de Laboratorio de Vigilancia de Salud Pública.
El Ministro de Salud de El Salvador, Francisco Alabí, dijo en junio del año pasado que los venezolanos encargados de la mesa de crisis por la pandemia no tienen ninguna injerencia y aseguró que no tienen poder de decisión.
Sobre los asesores venezolanos recayeron denuncias de presunta corrupción y escándalos que involucrarían la manipulación de las cifras oficiales de la pandemia en ese país.
El medio El Salvador aseguró que la Casa Presidencial ha ocultado información sobre el grupo de asesores. Fuentes le aseguraron que a algunos de estos venezolanos les pagan no menos de 5.000 dólares mensuales, además de garantizarles viviendas, vehículos y seguridad del Estado.
Militarización del Congreso
La periodista Patricia Poleo aseguró en junio de 2020 que la Asamblea Nacional electa en 2015 tenía previsto publicar un comunicado en rechazo a la militarización del Congreso salvadoreño en febrero de 2020.
Ese día, el presidente asistió rodeado de funcionarios armados para pedir la aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares para financiar su plan contra las pandillas. El hecho lo catalogaron diversas organizaciones como un intento de golpe de Estado.
Poleo aseguró, en ese contexto, que Toledo, Georges y Sabal intervinieron para evitar que el Poder Legislativo venezolano fijara su posición.
Poleo también aseguró que Toledo había sido señalado de cobrar 25.000 dólares al empresario venezolano Maury Autry por un cargamento de ayuda humanitaria que iba a destinarse para la ciudad de Maracaibo, en Zulia, pero que presuntamente no llegó.
El asesor político lo negó después, en un derecho a réplica que le concedió la periodista. Agregó asimismo que su salario es pagado por el partido oficial Nuevas Ideas y que su contrato lo renovaron por otros cinco años.
«El partido del presidente Bukele me tiene contratado, y estoy feliz ahí», manifestó.
Toledo fue el asesor organizacional de la campaña electoral Hagamos historia de Bukele para las elecciones presidenciales de 2019, mientras que Georges se desempeñó como consultora comunicacional.
La mujer también ha participado como asesora de varios opositores, como Leopoldo López, del partido político Voluntad Popular, publicó El Tiempo Latino.
Todos habrían formado parte del equipo de trabajo de Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de la República.
Héctor Silva, concejal de la Alcaldía de San Salvador, denunció en julio del año pasado que solicitó al gobierno de Bukele el contrato de Arvelo, su hoja de vida y su salario. Pero desde la Unidad de Acceso a la Información Pública de Casa Presidencial le respondieron que esa información es reservada.
«Pedimos que el contrato del señor Arvelo para conocer sus funciones y su remuneración. Somos nosotros quienes pagamos su salario. Por tanto, tenemos derecho a saber cuánto pagamos y por qué. La información fue denegada», manifestó.
«También pedimos la hoja de vida de Arvelo para saber qué estudios lo calificaban para supervisar el análisis de pruebas de covid-19. Ante una responsabilidad tan grande quisimos saber qué cualificaciones tiene Arvelo para asumirla. También nos negaron esa información», agregó.
