Por: Antonio de la Cruz (*)
@antdelacruz_
La presidencia de Joe Biden supone un reseteo de la relación entre la Casa Blanca y Miraflores. La política de máxima presión ejercida por el gobierno de Donald Trump contra el régimen de Nicolás Maduro durante 3 años finalizará.
Las sanciones económicas a finales de 2018, las sanciones petroleras desde 2019 y las sanciones secundarias a partir de 2020 que han buscado llevar al régimen de Maduro y sus aliados a negociar una salida democrática a la crisis política de Venezuela serán evaluadas dentro de la agenda de política exterior de la administración de Biden (2021-2025).
Según Juan Sebastián González, director para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional, el nuevo gobierno demócrata “tomará medidas serias para abordar la situación humanitaria en Venezuela, ayudará a recuperar cada centavo robado al pueblo y desplegará sanciones inteligentes como parte de una estrategia internacional más amplia para restaurar la democracia en el país”.
Asimismo, González afirmó en la revista de negocios americana Forbes que “el rol del gobierno de Biden será apoyar al pueblo venezolano hacia una salida negociada de la crisis”. Y, que “la expectativa del vicepresidente y de la comunidad internacional debe ser que la salida sea democrática, una elección transparente verificable por un cuerpo internacional creíble y, por último, una Venezuela democrática”.
Por lo tanto, la estrategia de Biden para Venezuela tendrá un enfoque multilateral, alineada con el regreso de Estados Unidos a su papel como líder mundial –el retorno al Acuerdo de París, la Organización Mundial de la Salud, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, entre otros–.
En este sentido, el papel de la Unión Europea será fundamental para el caso de Venezuela –en su defecto el gobierno de Pedro Sánchez de España–.
El alto representante para asuntos exteriores de la UE, Josep Borrell, considera que la situación en Venezuela “no va bien”, y que “va a ser más difícil buscar una salida democrática a la crisis” después de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Además, destaca que el país atraviesa una grave crisis humanitaria sin la debida atención por parte de la comunidad internacional, porque solo ve el aspecto político de la crisis. En vista de esto propone “llegar a un diálogo político” con el régimen de Maduro.
Tanto la agenda de Borrell como la de Biden coinciden en facilitar una solución a la crisis humanitaria venezolana y en un diálogo político con el régimen de Maduro para construir una hoja de ruta electoral que restablezca la democracia en Venezuela.
Por otro lado, Maduro ha mantenido el poder, a pesar de la política de máxima presión de Trump, gracias al apoyo fundamental de los regímenes de Xi Jinping, Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdoğan, Hasan Rouhaní, Raúl Castro – Miguel Díaz-Canel y Pedro Sánchez – Pablo Iglesias.
Además, de las actividades ilícitas desarrolladas con el ELN, las FARC, Hezbolá, entre otros, las empresas asociadas con la empresa criminal conjunta bolivariana y las que actúan bajo la sombra para burlar las sanciones secundarias estadounidenses. Junto con estructuras responsables de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas. Asimismo, desconociendo la Asamblea Nacional electa democráticamente en 2015 y violando la Constitución, al reelegirse en 2018.
Durante la presidencia de Biden (2021-2025), Maduro busca prolongar su poder a través de la ayuda humanitaria, tratando de que las sanciones petroleras y secundarias permitan intercambiar petróleo por alimentos y medicinas –una iniciativa que ha sido descartada por Trump–. Adicionalmente, usará la Ley Antibloqueo, una vez aprobada por la AN resultante del 6 de diciembre, para reactivar los sectores de la economía.
Por ejemplo, en el petrolero, las empresas Chevron, China National Petroleum Corporation, Total, Statoil, Repsol, ENI entre otras, serán las dueñas de las operaciones y comercialización del crudo y productos refinados. Y, en lo político, la agenda electoral será: los comicios de gobernadores y alcaldes en 2021, el referéndum revocatorio presidencial en 2022 y las elecciones parlamentarias y presidencial en 2025. Todos estos procesos serán transparentes y verificables por un cuerpo internacional creíble como la UE y la ONU.
Los cuatro años de Trump pasarán a la historia como el período en el que el imperialismo yanqui no pudo vencer a la revolución bolivariana.
Las 153 personas y las 75 empresas sancionadas quedarán como un dato estadístico porque cada caso será tratado de forma individual dependiendo de si la sanción es del Tesoro o del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, así como los que estén incursos en crímenes de lesa humanidad.
Este escenario descrito del reseteo de la relación Estados Unidos – Venezuela ocurrirá con Maduro usurpando la presidencia y manejando el país con actos y leyes inconstitucionales de acuerdo a mas de 50 gobiernos democráticos que reconocen a Juan Guaidó como el presidente legítimo del poder legislativo venezolano.
(*) Director Ejecutivo de Inter American Trends.
