La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) lamentó que la justicia panameña ponga en peligro la operatividad de Corporación La Prensa de Panamá, que edita los diarios La Prensa y Mi Diario, al permitir la apropiación de sus bienes a causa de una demanda civil presentada por el expresidente Ernesto Pérez Balladares, que reclama 5,5 millones de dólares en indemnización.
La SIP ya había advertido sobre la laxitud de la justicia en Panamá, cuya legislación permite que un demandante reclame el congelamiento de activos de un medio durante el transcurso de un proceso judicial, aún sin que haya sentencia y echando intencionalmente mano de pretensiones desorbitadas. Esta medida incluye a medios impresos, digitales y periodistas, no así a radios y televisoras. Corporación La Prensa ha apelado la medida.
El expresidente Pérez Balladares (1994 – 1999) demandó por difamación a La Prensa tras considerar que fue injuriado y desprestigiado en artículos publicados en marzo de 2011 que lo habrían vinculado al blanqueo de capitales. La demanda civil, presentada en 2012, pide una compensación por 5.5 millones de dólares por presuntos daños y perjuicios, con el evidente cálculo de tener un efecto ruinoso en perjuicio del demandado.
El presidente de la SIP, Christopher Barnes, dijo que el embargo de activos y las cuentas de diarios «representan un duro golpe a la libertad de prensa», calificando la medida judicial de «herramienta de censura directa», e hizo votos para que los legisladores panameños puedan neutralizarla.
La SIP ha influido en numerosos países para que las demandas contra los medios y periodistas planteadas por personas públicas en busca de resarcir su honor no sean del orden penal, sino civil; que debe haber una proporcionalidad en las demandas civiles, y son los jueces los encargados de establecer ese balance.
Barnes, director de The Gleaner Company (Media) Limited, Kingston, Jamaica, añadió que «no es posible que una empresa que haya investigado y publicado información de relevancia para los panameños tenga que afrontar gastos millonarios que harían inviable su existencia».
Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, defendió al diario La Prensa por su trabajo investigativo y de fiscalización, «una forma de hacer periodismo que ahora lo hace encarar la condición lamentable de ser uno de los medios de América Latina con más acciones judiciales en su contra».
Recordó que el expresidente Ricardo Martinelli (2009 – 2014) también ha demandado al diario en 11 ocasiones por un total de $45 millones de dólares, igualmente en días pasados amenazó con pedir el secuestro de la administración del diario, medida similar a la de Pérez Balladares.
En total, Corporación La Prensa enfrenta 12 demandas civiles y 22 querellas penales por un total de $84 millones de dólares. La mayoría de estas demandas provienen de expresidentes, exfuncionarios, ex contratistas del Estado y otras figuras públicas.
«Esto es el doble de lo que el expresidente Rafael Correa de Ecuador demandó al diario El Universo, lo que en su momento generó un debate en todo el continente sobre agresiones judiciales contra los medios y la libertad de prensa», dijo Rock, director del portal de noticias La Silla Rota de Ciudad de México, México.
Barnes y Rock reclamaron que los legisladores trabajen para neutralizar este tipo de medidas que pueden aplicar los jueces, como una forma de respaldar a la libertad de prensa y el libre ejercicio del periodismo.
La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami.
